El mal humor en el Ministerio fue in crescendo hasta que se decidió tomar una medida de fuerza. Por eso comenzó hoy un paro –que durará hasta el lunes- con el accesorio de una muy nutrida asamblea sobre la calle Sarmiento que logró cortar el paso vehicular. El reclamo de los 1500 trabajadores de planta y de los 2700 contratados es, obviamente, la recuperación del salario perdido.
Sin embargo, tener a sus subordinados taponando la entrada de su Ministerio no debe ser la única molestia que generó este recorte para Jorge de la Rúa. Sucede que en varias de las secretarías y subsecretarías que elaboran las políticas que lleva adelante la cartera, el malestar ha llegado inclusive a paralizar las tareas de hecho, aunque muchos decidieron ni participar de la asamblea ni de la medida de fuerza.
El recorte alcanzó esta vez a los empleados de planta con las categorías A y B. Es decir, los de mayor jerarquía, mientras que los de menor rango, entre bombos y arengas, sospechaban hoy a viva voz que es el comienzo de un ajuste masivo en el ámbito de Justicia.
Ninguno de los sectores en el Ministerio se mostró contrario a la esencia de suspender el pago de los incentivos, un suplemento a los salarios que proviene de varios sectores como los Registros del Automotor, que aportan a Justicia.
De todas formas, todos piden que el incentivo sea reemplazado y no simplemente anulado. Es que, promediando, alcanza en la mayoría de los casos al 60 por ciento de lo que se percibía en bruto. Por eso, más de un funcionario de jerarquía aseguró esta semana a Diariojudicial.com que la decisión de De la Rúa traerá graves problemas operativos, ya que muchos de los afectados, que en general son los que ocupan cargos gran responsabilidad, decidirán partir del Ministerio.
Uno de estos funcionarios graficó la situación con un ejemplo. “Acá trabajan abogados que en el mercado valen 6 mil pesos, quizás ganaban 3 mil y ahora pasan a cobrar 1100. Y el patriotismo se acaba ante las necesidades prácticas”, explicó.
Las inquietudes fueron planteadas a De la Rúa en varias reuniones en las que participaron los funcionarios políticos de la cartera en representación de sus subordinados más cercanos. Pero todos estiman que las medidas de ajuste no serán revisadas.
Lo cierto es que los delegados prometieron no negociar hasta que sean restablecidos los incentivos –o en su defecto se aumenten los salarios básicos- y se garantice la continuidad de los contratados. Sin embargo, la amenaza gremial se ve superada por el peligro de perder hombres clave que hacen a la eficacia de la tarea en Justicia.