Estas declaraciones de buenas intenciones coincidieron con el anuncio de un nuevo acuerdo marco entre Turquía y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar al país a salir de su crisis financiera. Michael Deppler, responsable europeo del FMI, confirmó la inmediata disponibilidad de créditos por un monto de 6.250 millones de dólares, dentro del programa de 11.500 millones de dólares ya aprobado.
Ocalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), fue detenido en Nairobi en febrero de 1999 en una operación de los servicios secretos turcos, con el supuesto apoyo de agencias de espionaje de Estados Unidos e Israel.
Cuatro meses después fue condenado a muerte, por “traición al Estado y separatismo”, en el juicio celebrado por un tribunal antiterrorista en la isla-prisión de Imrali (mar de Mármara), donde el jefe de la guerrilla kurda sigue siendo hoy el único prisionero.
Desde la cárcel, Ocalan ha ofrecido la paz al Gobierno de Ankara a cambio de su liberación. De hecho, las guerrillas del PKK se han mantenido relativamente inactivas en el sureste de Anatolia, donde se concentra la mayor parte de los 12 millones de kurdos de Turquía, y en sus bases de retaguardia en el norte de Irak.
Desde que estalló la rebelión kurda, en 1984, al menos 30.000 personas han perdido la vida en enfrentamientos entre el PKK y fuerzas de seguridad.
Pero el Programa Nacional turco para la Adhesión a la UE, un plan de actuación largamente esperado por los Quince miembros de la UE, cuya presentación se vio aplazada por la última crisis económica que ha conmocionado a Turquía, no prevé el levantamiento de la prohibición del uso de la lengua kurda en la enseñanza ni en los medios de comunicación. “La lengua oficial de Turquía, incluida para la educación, es el turco (...), lo que no constituye ningún obstáculo para que los ciudadanos utilicen libremente lenguas o dialectos propios en la vida cotidiana. La libertad [de usar el kurdo en televisión] sólo puede servir para fines separatistas”, precisa el texto difundido ayer.
Desde que Turquía fue declarada oficialmente nación candidata a la adhesión a la UE, en diciembre de 1999, Bruselas ha insistido con fuerza en que Ankara debe hacer un esfuerzo de aproximación a los criterios democráticos y de respeto a los derechos humanos comunes a los Quince. Pero el Gobierno turco no parece comprometerse claramente con una tradicional exigencia de la UE: que los militares dejen de tener un papel preponderante en las instituciones del Estado. La posición oficial turca se limita a reiterar que el Consejo de Seguridad Nacional, en el que participan el presidente de la República, el primer ministro y los principales miembros del Gabinete junto con la cúpula de las Fuerzas Armadas, es “un órgano meramente consultivo”. El Gobierno turco, sin embargo, promete llevar a cabo una revisión legal “para definir con mayor claridad las funciones del consejo”.