"Los que quieren atribuir el aumento del delito
a las penas insuficientes y a la policía sin mano dura son los que no quieren
discutir el modelo económico"
Acepta que le gustaría ser legislador en 2003 e invita a Carlos "Chacho"
Álvarez a integrar el justicialismo en Capital. Ahora se dedica a la profesión
de abogado, pero hace 15 años León Carlos Arslanián ocupaba un lugar en la Cámara
Federal que condenó a los comandantes que encabezaron el golpe de Estado perpetrado
hace exactamente 25.
Es el letrado que representa al detenido ex director del PAMI Víctor Alderete,
a quien define como "un chivo expiatorio". Además critica duramente a Fernando
de la Rúa y a la Oficina Anticorrupción: "Es un verdadero desvarío que pienso
que fue un lapsus linguae pensar que con ello se puede erigir un Ministerio".
Más que polémico, afirma que "la denegación del dos por uno es una de las cosas
a las que se hecha mano para callar la demanda popular".
Como hombre de la política, ocupó la Secretaría de Justicia de la Nación durante
el gobierno de Carlos Menem, luego devenida Ministerio y después pasó a cumplir
esa función en la provincia de Buenos Aires detrás de Eduardo Duhalde, pero
tuvo que dejar el cargo ante la presión de Carlos Ruckauf y su mano dura. Del
actual gobernador bonaerense y de su política de seguridad dice que "comete
errores conceptuales gruesos, fruto de la ignorancia".
Diariojudicial.com: ¿Cuál es su balance después a 25 años del golpe y
después de 15 del juicio a las Juntas?
León Carlos Arslanián: El golpe fue mucho más que el quiebre del orden
constitucional en la República Argentina. Fue, como lo calificamos en el Juicio
a las Juntas, un plan criminal que tuvo por finalidad el exterminio de un número
más que significativo de personas, a las que el denominado Proceso de Reorganización
Nacional vislumbró como enemigos a los que había que perseguir y suprimir, lo
que marcó una diferencia sustancial con los golpes anteriores y dejó una huella
imborrable. Una marca indeleble, como la que dejó el nacionalsocialismo de Hitler
en los alemanes. El golpe trajo la usurpación del poder, la suma del poder público
que se atribuyeron y la supresión del Congreso, la asunción de las facultades
legislativas por la denominada Comisión de Asesoramiento Legislativo, limitaciones
y presiones sobre el Poder Judicial, autoritarismo puro. A esto se sumó la desaparición
de personas y un proyecto económico, que de alguna manera tendió a un quiebre
del perfil industrial incipiente de la Republica Argentina
Dju: Inclusive un fallo del juez federal Jorge Ballestero del año pasado sostuvo
la ilegitimidad de la deuda externa, acusando por subversión económica a los
ministros de Economía de la dictadura...
LCA: No recuerdo con precisión el fallo, pero lo que sí advierto es esta
secuencia perversa del crecimiento de la deuda externa argentina sin ninguna
explicación que no sea la de llevar el país hacia una economía de un capitalismo
salvaje, puramente especulativo, sin ninguna inversión de ninguna naturaleza.
Y basta ver la secuencia del crecimiento de la deuda externa argentina, de cinco
mil millones de dólares dejados por el gobierno de Isabel, 45 mil dejados por
las Fuerzas Armadas; sesenta y pico dejado por el gobierno radical y así hacia
el infinito. Solamente en el gobierno de De la Rúa en tan poco tiempo subió
más de cincuenta mil millones de dólares, el famoso blindaje, y lo que va a
subir a partir de ahora con lo que se está gestionando, tipo crédito puente.
Como si luego esos créditos no tendrían que se pagados por la Argentina. Seguramente
no será cancelado el capital, pero vamos a estar atados al pago de intereses
que superan con creces nuestra posibilidad de pago, con las consecuencias sociales
que debemos vivir cotidianamente que son el desempleo, la miseria, el hambre,
la desocupación...
Dju: Si alguien le pidiera que se definiera, se definiría como un hombre jurídico
o como un hombre político?
LCA: Esas cosas no van separadas de ninguna manera. Soy un hombre dedicado
al derecho que estuvo en la judicatura durante muchos años, luego en el ejercicio
de la profesión, en la cátedra universitaria. Tengo dimensión de ese mundo jurídico,
pero el mundo jurídico carece de sentido si no se inserta en un mundo político,
si no sirve a un mundo político.
Dju: ¿Dónde se siente más cómodo?
LCA: Mi perfil es técnico, así que estoy cómodo en los dos lados, pero
tal vez con lo que más he disfrutado intelectualmente es con el ejercicio de
la magistratura.
Dju: La extraña.....
LCA: Claro que sí, muchas veces pienso en ella. Nunca terminé de despojarme
de mi toga de juez, por decirlo de alguna manera.
Dju: En una entrevista sobre temas similares al ex fiscal Julio César Strassera
cuando se cumplían quince años de la sentencia que condenó a los comandantes,
él decía que no tenía mucho sentido seguir en la función pública porque ya había
alcanzado su máxima ambición, había pasado el juicio a las juntas y mucho más
no le quedaba por hacer...
LCA: Es cierto. A todos nosotros, los miembros de la Cámara federal que
llevamos adelante esos juicios, tuvimos la sensación de que después de eso nada
más debíamos hacer, o que habíamos satisfecho plenamente todo lo que podíamos
aspirar desde el punto de vista de la carrera judicial y las expectativas que
ella nos producía. No en vano nos fuimos todos; no quedó nadie en el Poder Judicial.
Creo que todos tuvimos la sensación de algo demasiado importante, demasiado
pesado donde uno puso muchas cosas y por eso nos fuimos.
Dju: ¿Estuvo alguna vez a punto de volver?
LCA: No. Estuve muchos años en el Poder Judicial, casi 25 años. Un ciclo
vivido con mucha intensidad, con mucho trabajo, lo que podríamos llamar una
carrera judicial escalonada. También tenía expectativas políticas, alguna vocación
en ese sentido y también quería probar la profesión de abogado que me pareció
siempre una profesión sumamente digna, y logré cubrir también ese aspecto de
mi persona.
Dju: Cuando habla de sus expectativas políticas, ¿pudo cumplirlas o se fue obligado
por las circunstancias?
LCA: En los dos casos tuve una dificultad de carácter similar. En el
primer caso, conseguí un objetivo muy importante que fue cambiar la Ley de Enjuiciamiento
Criminal de la Nación por una más moderna, que no es la panacea universal pero
sí es mucho más moderna, porque estableció el juicio oral poniendo fin a más
de cien años de enjuiciamiento inquisitivo en la Argentina. Y me tuve que ir
en el momento en que se iban a producir las designaciones con motivo de las
nuevas estructuras judiciales creadas a partir de esa reforma, y tenía una discrepancia
absoluta con algunos miembros del gobierno en cuanto a qué criterios debían
presidir esa designación.
Dju: Después de que se aumentó el número de miembros en la Corte Suprema.
LCA: Sí, cuando había que cubrir todos los cargos de los tribunales de
casación, federales. Yo había creado una comisión asesora de la Magistratura
autolimitando los poderes presidenciales para que hubiese un mecanismo selectivo
más o menos importante y que los jueces no fueran fruto del dedo o del amiguismo
puro. Pero lamentablemente no pudo ser realidad.
Dju: ¿Y en la provincia de Buenos Aires?
LCA: En la provincia el error que comete Carlos Ruckauf, que no es un
error menor, es no entender la naturaleza del problema, del conflicto de la
violencia y la seguridad. Así hizo que mi reforma quedara a mitad de camino.
Con todo, en lo que no pudo volver para atrás fue en el nuevo régimen de organización
policial que terminó con la megaestructura macrocefálica y que dio lugar a la
creación de policías descentralizadas, que es un modelo operativo mucho más
eficaz. Además está la creación de tribunales de enjuiciamiento público de la
actuación del mal policía, que tampoco pudo ser modificado. Lo mismo con los
foros de la comunidad, que es un proceso de movilización popular alrededor del
objetivo de la seguridad con fuerte control sobre la policía y reconocimiento
del control recíproco entre comunidad y policía. Esas semillas han dado sus
frutos por más de que haya habido una contramarcha, y muchos lo reconocen y
lo valoran.
Dju: ¿Cómo analizaría esa contramarcha? Porque Ruckauf tiene muchos años de
política...
LCA: Es un error conceptual grosero, es fruto de la ignorancia. Como
dije antes, desconocer la naturaleza del problema. Por supuesto que siempre
ha habido en el pueblo un clamor más que justo por un mejoramiento en las condiciones
de la seguridad, porque hay una delincuencia que crece día a día, en particular
la delincuencia violenta. Teníamos una estrategia de acción frente a eso, que
era un plan trienal con un fuerte consenso político, porque las leyes fueron
negociadas con la oposición. Y logramos que se identificara el tema como cuestión
de Estado y que la reforma no se agotara con un período gubernamental, tener
una continuidad que se la daría el gobierno siguiente cualquiera que fuera su
signo y que era el modo de garantizar coherencia en un programa que por sus
características no podía tener efectos instantáneos. La demagogia ha hecho lamentablemente
en mucho casos que los hombres de gobierno se desesperen cuando leen una encuesta
por satisfacer el clamor popular sin importar qué grado de racionalidad puede
tener las medidas que adopten. Pero se creen en la obligación de decir lo que
la gente quiere escuchar. Y ahí empiezan las desviaciones fuertes, que hacia
el interior de las policías son fatales, porque el personal policial, que tiene
armas y cierto poder de acción, tiene que ser controlado permanentemente y no
estimularle un ejercicio ilimitado y mucho menos la idea de que todo vale, que
hay que tirar unos cuantos muertos en las calles para que vean la acción. Y
esto es fruto de la demagogia.
Dju: Me recuerda a la definición de Eugenio Raúl Zaffaroni en su nuevo tratado,
que habla de un derecho penal acotante y limitador del poder punitivo...
LCA: Yo pienso exactamente eso y lo vengo diciendo desde hace muchísimo
tiempo. Primero, el mal uso que se pretende hacer del Derecho Penal. Se cree
que está hecho para resolver problemas que tienen otra naturaleza, otro origen
y un modo de tratamiento realmente diferenciado. La realidad causal que es dable
advertir entre miseria y violencia impide que la consideración de la problemática
sea puramente policial. Entonces la falta de percepción lleva a una acentuación
de la punición y de las facultades policiales con la peregrina idea de que con
ello el fenómeno va a desaparecer o va a ser contenido. Y después da lugar a
un fenómeno más perverso todavía: que al delito se le suma luego la acción ilegal
policial, que es más grave que el delito que comete el hombre que no es policía,
porque para el ciudadano la expectativa popular es totalmente distinta a la
del funcionario al que el Estado le encomienda misiones especiales. En consecuencia,
no es un tema de Derecho Penal, y los que insisten en que sí lo es, toman ese
equivocado camino que empieza por aumentar facultades policiales, sigue por
restringir excarcelaciones, continúa por aumentar penas, sigue preconizando
la pena de muerte, y cuando se acaba todo eso probablemente aparezcan los escuadrones
de la muerte. La prueba cercana de este modelo es Brasil. Por eso la labor del
hombre público es la de convencer sobre la necesidad de preservar a sus fuerzas
policiales de cualquier tipo de acción ominosa que luego la lleve al grado de
descomposición o de descalificación que tenemos en la provincia de Buenos Aires.
Los dirigentes no están para hacer demagogia, y muchas veces tienen que asumir
una decisión compleja que no contenta en lo inmediato una demanda popular, pero
de otra forma no habría que tener dirigentes, sino estadígrafos: hombres que
hagan encuestas y que así resuelvan lo que venga.
Dju: Es como si el Estado no se hubiese puesto los pantalones largos...
LCA: Es un Estado repentista, que no planifica, que actúa espasmódicamente,
y en la medida que opera así se deslegitima y deja de cumplir las funciones
esenciales.
Dju: ¿Cuál cree que debería ser la función del Poder Judicial en un potencial
cambio? ¿Hay posibilidades de una vuelta atrás en relación a este sistema?
LCA: Hay posibilidades en tanto se comprenda perfectamente, insisto,
la naturaleza del problema. Por ejemplo, acá cuesta todavía imponer la idea
de que el fenómeno de la violencia está atado a la pobreza. Los que pretenden
atribuir el aumento del delito a la supuesta lenidad del Estado, a las penas
insuficientes, a la policía que no tiene mano dura son los que no quieren discutir
el modelo económico. Quienes no quieren discutir el modelo económico quieren
discutir el problema con la mano duda. Entonces, si no ponemos en duda el modelo,
no vamos a tener ya siquiera la posibilidad de gastar más plata en policías
de ninguna naturaleza, porque el Estado si no genera riquezas y empleo va a
tener que transferir todos los recursos de las otras áreas del estado al ámbito
de la seguridad y entonces vamos a tener un Estado policial que va a haber dejado
de atender sus funciones esenciales, cosa que viene sucediendo desde hace rato:
la educación, la salud, etcétera. Entonces va a tener un poderoso aparato de
represión con el que va a querer remediar los problemas de otros ámbitos que
nada tienen que ver con el sistema penal.
Dju: ¿Puede el Poder Judicial avanzar sobre el poder de las agencias ejecutivas?
LCA: Claro que sí, tiene la obligación de poner límites desde todo punto
de vista. Y el primero es el control de la constitucionalidad de las leyes.
Cuando el Poder Legislativo, en su desesperación de poder acallar el clamor,
saca cualquier ley que dice cualquier cosa estarán allí los jueces para poner
las cosas en su lugar y cotejar esa ley con las exigencias del orden constitucional
y con el catálogo de derechos humanos que está incorporado en la nueva Carta
Magna, de modo que el legislador no puede hacer cualquier cosa. Y luego con
el Poder Ejecutivo, y en particular con el funcionamiento de las dos agencias
que integran el sistema penal: la agencia policial, que cuando funciona como
policía de investigación está supeditada a la decisión del juez y que cuando
actúa como policía de seguridad sus poderes deben ser absolutamente examinados
y controlados; y como agencia ejecutiva de la pena (el Servicio Penitenciario),
que debe vigilar de qué modo se cumplen las exigencias del artículo 18 de la
Constitución Nacional y el régimen legal en materia de progresividad del sistema
penitenciario.
Dju: El subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios dijo en
un reportaje a Diariojudicial.com que "las cárceles no son sanas ni limpias,
y muchas se transforman en verdaderos depósitos de personas"...
LCA: Son reservorios, por eso no socializan. Y Latinoamérica ofrece un
panorama penoso y muy triste. Casi el 90 por ciento de las personas presas está
cumpliendo prisiones preventivas y no condenas, y esto significa una ruptura
en el equilibrio, porque sólo a partir de la situación de condenado y en establecimientos
totalmente adecuados y especializados se puede poner en funcionamiento cualquier
programa de resocialización.
Dju: ¿La cárcel pasa a ser sólo un símbolo que legitima una idea de prevención
general de la pena?
LCA: Sí, esto es cierto, una función puramente preventiva y fuertemente
simbólica. Aunque atribuirle estas funciones al Derecho Penal implica el serio
riesgo de que se radicalice. Su función es la de proteger bienes jurídicos,
pero utilizando instrumentos racionales. La racionalidad de la pena está en
la Constitución. Por eso vuelvo a ser reiterativo, pero creo que la clase dirigente
debe terminar de entender de una vez por todas si tiene vocación de liderar
y conducir, algo que se puede hacer cuando se tienen objetivos claros, no cuando
se deja llevar por la alarma social que se utiliza las más de las veces como
elemento de solución de casos. He visto recientemente con espanto cómo ciertos
jueces han denegado excarcelaciones simplemente por la repercusión social del
hecho, con lo cual han hecho una aplicación inconstitucional del régimen del
encarcelamiento preventivo, violando el principio de inocencia y tantas otras
garantías.
Dju: ¿Usted cree que la detención de su defendido Víctor Alderete está relacionada
con la repercusión social del hecho a la que hace referencia?
LCA: Sí, es un chivo expiatorio. Han construido un paradigma, creen que
van a remediar el fenómeno de la corrupción en cabeza de Alderete. Es una necesidad
política que se les ha planteado y lo ha dicho con todas las letras Chacho Álvarez,
que necesitaban tener por lo menos un preso en materia de corrupción. Ese preso
se llama Alderete, y en la medida en que este fenómeno funcione así, Alderete
pasa a ser una víctima, porque le resta total racionalidad a su detención.
Dju: ¿Usted quiere decir que esta presunta "persecución" a Alderete también
estaría legitimando el avance del poder punitivo y la función de la cárcel como
símbolo?
LCA: Claro que sí, se quiere asociar fuertemente la demanda popular en
materia seguridad, transparencia y lucha contra la corrupción con un preso.
Y esto nos hace correr el riesgo de que como ya tenemos el preso no investiguemos
más a nadie, porque esta función simbólica se ha cumplido. Entonces cuando la
gente clama, la respuesta es "pero si tenemos al preso fulano de tal". Y esto
es realmente malo, más allá de que Alderete o cualquier otro merezca un juicio
y eventualmente una pena, pero a través de un juicio justo, donde la persona
haya podido desplegar sus defensas y haya gozado de todos los principios que
no tienen porqué dejarse de lado por una opinión pública y medios de comunicación
que la incentivan en un sentido o en otro. Los principios y garantías constitucionales
están para ser observados y ser resistentes contra cualquier tipo de crisis.
No son normas de quita y ponga, deben ser observados en los momentos más críticos,
justamente, para eso están. Cuando se trata de meter a alguien a los empujones
a la cárcel para tratar de calmar el clamor popular, lo que se está haciendo
es una fuerte deslegitimación del sistema penal.
Dju: De alguna manera para el imaginario popular estuvo del lado de los buenos
como camarista federal en el Juicio a las Juntas y ahora pasó a ser el defensor
del enemigo público número uno, ¿se siente incómodo en este cambio de rol?
LCA: No, en lo absoluto. No tengo porqué cambiar mi pensamiento profundo,
porque no hago demagogia, porque no quiero contar con el beneplácito de los
medios de comunicación y de la opinión pública, cuando esta está totalmente
equivocada. El derecho al juicio es un derecho sagrado, fundante de nuestra
convivencia. Es imposible que cuando uno trabaja para que esto opere así, se
lo descalifique por las características de la persona que defiende. Es un pensamiento
profano, burdo y que a mí en lo personal me tiene francamente sin cuidado.
Dju: ¿Qué opina justamente respecto de la legitimación procesal de la Oficina
Anticorrupción para ser querellante?
LCA: Me parece un error craso que está en línea con esa necesidad política.
Fue un error querer la Oficina Anticorrupción, y mucho más en el seno del Poder
Ejecutivo. Además es un verdadero desvarío que pienso que fue un lapsus linguae
pensar que con ello se puede erigir un Ministerio. La OA en las funciones necesarias
y bienhechoras en la función del Estado en la lucha contra la corrupción es
otra cosa. Tiene que hacerse también en el marco de la ley y fuera de toda expectativa
popular. No digo que no atendamos la demanda de la gente, que para eso está
el gobierno, pero tiene que decodificar el lenguaje. Hay necesidad de transparentar
la acción de gobierno, y para eso existe una Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas, que forma parte del Ministerio Público, que ahora es un poder
independiente dentro del Estado, y la han vaciado de contenido, la han dejado
como una cáscara de nuez vacía, y por ley tiene la función asignada para realizar
ese tipo de tarea. La OA es un organismo del Ejecutivo que no tiene siquiera
la objetividad y la imparcialidad y genera suspicacias cuando selecciona a los
funcionarios para llevar adelante una investigación.
Dju: Si la Oficina estuviera bajo la órbita del Ministerio Público usted la
vería de otra manera?
LCA: Absolutamente, y además sería bueno y necesario, porque una de las
cosas que tiene que resolver el Estado argentino es la corrupción. Y otro de
los problemas es el de la impunidad, para el delito común y para el que es cometido
desde el poder y el de la miseria. Son funciones irrenunciables que no se pueden
hacer de cualquier manera, sino con mecanismos legales. No se puede crear una
oficina del Poder Ejecutivo y encima pretender que es un organismo independiente,
porque hasta eso pretenden decir. Tenemos que volvernos legales en algún momento.
Argentina no puede seguir con tanta impunidad, y me refiero a la ineficacia
en descubrir los delitos que se cometen, pero todos, los violentos y los no
violentos.
Dju: ¿Se puede perseguir a todos los delitos? O terminaría atolondrando al Estado...
LCA: No, el sistema tiene que tener una selectividad inversa a la que
tiene en este momento, que es perversa. Porque anega las facultades de los tribunales
con la cosa menor y los despoja de la posibilidad de investigar y castigar los
hechos más graves. Por eso impulsé en su momento la probation y algunos mecanismos
que permiten la selección.
Dju: El informe anual de la Procuración General de la Nación propone un acercamiento
mayor a la sociedad y a través de la recepción de denuncias tratar de ganarle
algo de espacio a las agencias ejecutivas, ¿usted está de acuerdo? Porque de
esta manera se acercaría a su modelo en la provincia de Buenos Aires...
LCA: Totalmente, creo que no hay posibilidad de dar seguridad prescindiendo
de la iniciativa y la participación popular. Es imposible pensar que desde el
Ejecutivo se pueden controlar estos fenómenos, identificarlos y conocerlos sin
apoyo. Los foros de la comunidad en la provincia fueron una experiencia extraordinaria,
cada comisaría tuvo un foro que se dedicó a controlar el funcionamiento de esos
policías, por facultades legales y no por una mera concesión del príncipe. Y
eso funcionó y permitió un proceso de reconversión. Cuando yo llegué era la
maldita policía, al año de estar yo era una policía que hacía grandes esfuerzos
por dejar atrás su pasado ominoso, recuperar su confianza popular y trabajar
a favor de la comunidad. Y eso yo lo logré, yo lo logré.
Dju: ¿Y hoy, está peor?
LCA: No, está totalmente desvirtuado. Creo que el camino que yo inicié
debía continuarse más allá del gobierno de (Eduardo) Duhalde, cualquiera fuese
el signo. Y lo que siguió, en doctrinas y posturas totalmente distintas implica
una desvirtuación.
Dju: Usted dejó su cargo en la provincia cuando Ruckauf se hizo candidato y
se empezó a bajar el discurso de la mano dura...
LCA: Tal cual, yo dije que era totalmente incompatible lo que él estaba
planteando, con lo que yo había preconizado y estaba haciendo, era totalmente
esquizofrénico. Yo no me sentía con interés de seguir trabajando en algo que
después él iba a venir a destruir. Entonces dije "acá no tengo nada más que
hacer".
Dju: Me imagino que en coherencia con esta conversación no le dio importancia
a la derogación del dos por uno...
LCA: Es un engaño absoluto. Es una más de las cosas a las que se echa
mano para callar la demanda popular. Es mentir. ¿Qué van a resolver? Nada. Van
a tener más tipos presos. ¿Dónde los van a poner? Es ignorar el origen del dos
por uno, que el Estado tenía motines permanentemente porque no tenía dónde alojar
a los presos y la duración de los procesos era extraordinaria. Hoy ese mismo
fenómeno se ha agravado y ahora va a ser terrible. Es desconocer estadísticas.
Han propagandeado con qué barbaridad que los tipos que han cometido graves delitos
fueron beneficiados por el dos por uno. Pero lo que se desconoce es la nueva
clientela que en forma continua ingresa al sistema penal, porque se podrá dejar
a los tipos del dos por uno pero habrá otros que seguirán delinquiendo, porque
el fenómeno de la violencia está fuertemente instalado en la sociedad. Y agudizado
en los países latinoamericanos, cuyo perfil criminológico es bastante similar,
mal que les pese a los que quieren aplicar a la República Argentina una visión
como la de Nueva York o como la de los países centrales.
Dju: ¿Qué opina de la posibilidad de dictar la inconstitucionalidad y de anular
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida?
LCA: Creo que el fallo de (el juez federal Gabriel) Cavallo ha sido muy
bien fundado. Y hay que reparar en que si hay algo que no ha sido estático es
el tema de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.
En 20 años se han producido evoluciones notables en la jurisprudencia nacional
e internacional.
Dju: Recuerdo su exposición de hace algunos meses junto al resto de los integrantes
de la Cámara Federal en la facultad de Derecho en la que daba cuenta de la creatividad
con la que tuvieron que eludir la prescripción de la acción penal. ¿Sería distinto
ahora?
LCA: Totalmente, porque por empezar el derecho de gentes y las convenciones
internacionales que los países están firmando y de los que es parte la Argentina
declaran la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, de lesa humanidad,
su imposibilidad de ser amnistiados, la necesidad de castigo, con lo cual están
cambiando sustancialmente los principios. Mire qué paradoja, qué ridículo, que
como Argentina no estaba aplicando estos principios entonces los países centrales
civilizados sí lo hacían y empezaban a juzgar a una serie de personas, hacían
allá lo que teníamos que hacer nosotros acá. Son países que por ser más adelantados
desde el punto de vista de su cultura jurídica son mucho más sensibles a estas
demandas. Argentina hoy, con estas decisiones, lo que hace es irse encolumnando
en esta nueva corriente de los derechos humanos.
Dju: ¿Especula con alguna reacción favorable en la Corte Suprema?
LCA: El tema no es fácil y no puede ser simplificado, y ciertamente colisionan
principios de derecho argentino, como los efectos de una amnistía en la medida
que ese sea el sentido que haya tenido la obediencia debida...
Dju: Y la política...
LCA: Efectivamente, el conflicto que se puede producir con las Fuerzas
Armadas. Pero acaba de dictar un fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso de la matanza de Barrios Altos en Perú, en el que dijo que la obediencia
debida era insalvablemente nula dentro del sistema interamericano.
Dju: Entonces vería una posibilidad de que se confirme el fallo de Cavallo...
LCA: Me da la sensación de que sí. No veo cómo puede la Corte salirse
del sistema interamericano.
Dju: ¿Hasta dónde tiene la Corte que tener en cuenta las cuestiones políticas?
LCA: La Corte Suprema es un tribunal político en la medida en que está
llamado a resolver conflictos de esa entidad o naturaleza. Pero por encima de
todo es un tribunal de derecho.
Dju: ¿Cómo ve la posibilidad de la creación de una Corte Penal Internacional?
LCA: Muy bien, porque es evidente que día a día aumenta la cantidad de
delitos que afectan los principios fundamentales, con la matanza indiscriminada
de grupos étnicos, de personas, de grupos políticos, ideológicos o como se los
quiera llamar en los distintos países. Estos crímenes perpetrados desde el Estado
interesan a toda la comunidad universal y tienen que tener un ámbito común de
sanción y juzgamiento. Por eso hay que distinguir muchísimo qué es el delito
cometido desde el Estado del delito cometido dentro del Estado, que son dos
cosas totalmente distintos. Los temas, por supuesto graves, dentro de la vida
de la sociedad, como los homicidios, los robos, entre otros, tienen un ámbito
y un interés para ser juzgados. Pero lo otro afecta a la comunidad internacional
de naciones.
Dju: Lo veo con una visión bastante amplia del Estado, inclusive más allá de
los temas de Justicia, habrá recibido propuestas para cargos electivos...
LCA:Yo veo una progresiva deslegitimación del poder dentro del Estado. En parte
obedece al funcionamiento defectuoso de los partidos políticos que, encerrados
y encapsulados, han impedido la renovación de su gente. Es penoso que la República
Argentina tenga tan achicadas sus alternativas cuando tiene que ir a votar,
y mucho más perverso el fenómeno de la lista sábana. En Argentina es un problema
agudo. Veo que hay poder en otras partes, no solamente en el Estado, en las
organizaciones sociales, políticas, de base, que día a día crecen y mejoran
sus posiciones y sus peticiones. Hay que reconocerles su rol de interlocución
porque en la Argentina las cosas han cambiado, desde los intereses difusos y
la Constitución de 1994. Creo que hay una construcción de poder paralela que
va a lograr penetrar y romper esta estructura viciosa de deslegitimación progresiva
de las instituciones.
Dju: Entonces sí le gustaría...
LCA:Yo tendría que tener la tranquilidad de que voy a integrar un Poder Legislativo
bien representado que funcione de la mejor manera posible.
Dju: ¿Quiere decir que en estas condiciones no se presentaría?
LCA: No, ahora no tengo interés, estoy metido en mi profesión, tengo
un centro de investigación científica en materia criminológica que también me
lleva su tiempo. Tal ves mi turno lo visualice para el 2003.
Dju: Está tirando una primicia...
LCA: Siempre que se den ciertos cambios que estamos impulsando. Integro
un consejo de garantías que puja por cambiar las prácticas viejas del justicialismo
en la Capital, lograr que vuelvan los que se fueron, garantizar internas abiertas,
que no haya proscripciones ni exclusiones.
Dju: ¿Quiénes serían los que están para la vuelta?
LCA: Los que quieran (dice, quitando la mirada concentrada hacia el frente
y esbozando la primera sonrisa en una hora de entrevista). Aunque han hecho
públicas manifestaciones Irma Roy, Gustavo Beliz y también esto está abierto
para cualquier ex compañero que se fue al Frepaso.
Dju: Por ejemplo...
LCA: Si Chacho Álvarez quisiera volver podría hacerlo.