Consultado por Diariojudicial.com, Cozzani aseguró que “jamás” amenazó a nadie y que tiene “la conciencia absolutamente tranquila”, y advirtió que de realizarse alguna presentación judicial contestaría con una querella por calumnias e injurias. Además subrayó que de avanzarse en la investigación contra los militantes de la Alianza, también el Centro de Estudiantes denunciaría las irregularidades. “Respondo políticamente por la organización pero no por cada persona. En las listas hay casi cien candidatos”, dijo Cozzani, que aclaró que “no se trata de algo orquestado ni organizado”.
Federico Rovaina, militante de N.B.I. (sigla que cambia según las circunstancias, y que actualmente tiene por lema No Bancamos Inmoralidades) y quien asegura haber recibido la amenaza de Cozzani, también denunció ante este medio que “grupos de choque de Franja Morada” intimidaron además a otro de los integrantes de la agrupación al seguirlo por la facultad y esperarlo fuera del aula, actitud que también fue desmentida por el máximo dirigente estudiantil de los futuros abogados. “Todo esto es parte de la política prebendaría que siempre se manejó en la facultad”, aseguró Rovaina.
La denuncia fue presentada la semana pasada por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, quien entregó al fiscal de instrucción Aldo De la Fuente una lista de cerca de 300 personas que se estarían beneficiando irregularmente de estos planes entre los que figuran 10 militantes de la Alianza en Derecho.
Consultado sobre la situación de Federico Cabaleiro, Juan Ignacio Curcio, Bárbara Ruperto, Sebastián Castillo, Diego y Rosana Navarro, Alejandra Mígueles, Dolores Vallegiani, María Florencia Nieto y Fernando Fioretti, todos acusados en esta causa, Cozzani argumentó que “en este momento no están cobrando el beneficio y que cuando lo hicieron, sí cumplían con los requisitos para obtenerlo”. Oliveira acusó a los imputados del delito de defraudación pública, pero el fiscal De la Fuente interpretó que la conducta encuadraba típicamente en la figura de malversación de fondos públicos, mucho más grave.
El Plan de Nuevos Roles Laborales es un programa social que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad y que funciona como un convenio de garantías que tiene que cumplir el Ejecutivo porteño para cobrar créditos de organismos internacionales, en este caso el Banco Mundial.