El Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, fiscales de diversos fueros y dirigentes de la Alianza, respaldaron la decisión de Stornelli. Fiscales federales señalaron que la defensa del magistrado del ministerio público "no constituye por si una defensa corporativa de un privilegio personal, sino una obligación legal". El comunicado expresa la preocupación de que un partido político se queje porque un fiscal cumple con su deber, que es el de “acusar en una causa que lleva seis años y está basada sobre pruebas y testimonios”. “La necesidad de la convocatoria que se solicita se fundamenta en que el Consejo de la Magistratura debe, por mandato constitucional, asegurar la independencia de los jueces, reafirmándola, preservándola y tutelándola frente a los actos que la puedan afectar, condicionando o pretendiendo coartar la plena libertad de deliberación y de decisión de los jueces respecto de los casos sometidos a su conocimiento”, expresa en tanto el documento de Garrote.
Tampoco la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional quiso quedarse atrás en esta ocasión, manifestando su repudio a las manifestaciones “de notoria trascendencia pública que intentan presionar a integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público y ponen en duda su imparcialidad en causas donde pueden resultar involucrados funcionarios o ex funcionarios de gobierno”. El comunicado de la institución que nuclea a los jueces, señala que “la Asociación de Magistrados se ve en la obligación de destacar una vez más que, más allá del acierto o desacierto de las peticiones de los fiscales o de las decisiones de los jueces, es esencial para el funcionamiento de las instituciones republicanas que se respete la investidura de los magistrados en el ejercicio de sus funciones”.