La Corte se avocó ante el pedido formulado en enero de este año por los integrantes de un estudio de contadores que fue excluido de la posibilidad de inscribirse en la lista de Síndicos Clase A. El escrito contó con la firma, en carácter de letrados patrocinantes, de los Dres. Lino Enrique Palacio y Beatriz Roxana Martorello; y dio lugar al expediente nº 186/2001 “Brizi, Jorge y otros s/Avocación”.
Recordemos que, según la Ley de Concursos, cada cuatro años debe formarse una nueva nómina de síndicos concursales. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, al reglamentar el inciso 2º del art. 253 de la ley de Concursos en su acuerdo plenario del 17 de Mayo de 2000, autorizó la directa reinscripción de los síndicos que figuran en la lista correspondiente al cuatrienio anterior.
La revocación de este reglamento por parte de la Corte provocó una grave situación, dado que si bien el Alto Tribunal conminó a la Cámara Comercial al dictado de un nuevo reglamento que cumpla con lo dispuesto en el art. 253 de la ley 24.522, este tribunal aún no lo hizo, mientras que, paralelamente, los jueces de primera instancia continuaron nombrando síndicos en los concursos que se fueron iniciando. Parece evidente que si se revocó la reglamentación de la Cámara Comercial, las designaciones de síndicos que figuran en la nomina que fue dejada sin efecto por la Corte, están viciadas de nulidad.
En los últimos días todos los jueces de la Cámara en lo Comercial y de primera instancia recibieron un escrito firmado por los actores de los mencionados autos “Brizi, Jorge y otros s/Avocación”. En el escrito presentado a los jueces de Cámara, los firmantes peticionaron que se informe “a los suscriptos las medidas adoptadas y las que se adopten a fin de dar cabal cumplimiento a lo prescripto por el art. 253 de la LC, con la máxima urgencia, según lo ordenado por el Superior...” . A los jueces de primera instancia se les acompañó copia de lo resuelto por la Corte, resolución de la que muchos de ellos se enteraron en ese momento y se les informó del escrito presentado a los camaristas.
El hecho está causando cada vez mas revuelo en el casi colapsado fuero comercial porteño. Voceros confiables hablan de que se estaría preparando un pedido de juicio político contra todos los camaristas que aprobaron el polémico reglamento.
El reglamento fue aprobado por la Cámara, en base al dictamen de la Comisión de Síndicos, Peritos y otros auxiliares de la Justicia, presidida por la juez Isabel Miguez de Cantore e integrada, además, por los jueces Felipe Cuartero y Helios Guerrero. Esta situación suma otro nubarrón al delicado panorama de Miguez de Cantore, ya acusada de cohecho por haber presuntamente favorecido en varias causas a los integrantes de diversos estudios jurídicos y también denunciada por la petrolera Esso, junto a los restantes miembros de la Sala A de la Cámara por el presunto delito de prevaricato.
Aunque no lo veamos, Nicosia siempre está
El caso depara otras situaciones sorprendentes. Quizás la mas destacada es la del contador Marcos Urwicz, quien fue reinscripto automáticamente por la Cámara Comercial como síndico clase B, a pesar de haber sido destituido como perito contador por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en una resolución confirmada por la Corte Suprema, en autos “Marcos Urwicz y otros “ (Fallos 318:1851).
Urwicz fue destituido por haber sido nombrado 15 veces en 1989 como perito de oficio por el ex Juez Nicosia, actitud que se reiteró en 1990 hasta el momento en que se comenzó una investigación, de la que surgió que las sucesivas designaciones de Urwicz eran ocultadas “ex profeso” a la Cámara del fuero por Nicosia, quien llevaba una lista paralela de peritos que difería de la oficial. Además, el propio Urwicz reconoció haber recibido del Juzgado N° 35 un cheque con error de imputación e igualmente cobrarlo en esas condiciones.
Recordemos que el modus operandi del ex juez Alberto Nicosia, quien se encontraba a cargo del juzgado nacional en lo civil nº 35, se basaba en un ardid por el cual declaraba la conexidad de distintos juicios contra la ex empresa Ferrocarriles Argentinos, utilizando además un grupo de peritos a quienes había seleccionado en un registro “especial”. A tal efecto, Nicosia tenía dos registros: uno "trucho" y otro "legal". Nicosia fue destituido, escapó del país y finalmente fue encontrado en Uruguay. El juez federal Gabriel Cavallo lo investiga por jefe de una asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. Cavallo pidió su extradición de Uruguay, la que fue concedida en primera instancia pero se encuentra en etapa de apelación en los tribunales uruguayos.
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