Ayer, en declaraciones formuladas en Quito, Sassen afirmó que Menem "fue el autor intelectual, la cabeza de este grupo de mafiosos, pícaros y estafadores enquistado dentro del Estado argentino", cuestión que viene planteando desde el inicio de la investigación judicial y que formara parte del "Informe Molinari", documento elaborado por el entonces agregado militar de la Embajada argentina en Quito y que en su momento le costara el primer gran dolor de cabeza al general Balza.
Sassen estuvo vinculado al traficante de armas franco-norteamericano Jean Bertrand Lasnaud, intermediario de la operación y cuya detención el juez Aguinsky requirió a Estados Unidos en cuatro oportunidades, y con el represor de la ESMA y capitán de la Armada Horacio Estrada, con quien negoció precios y condiciones de la operación. En el transcurso de la investigación y luego que la justicia pusiera la lupa sobre sus movimientos, Estrada apareció muerto en un aparente caso de suicidio.
La estrategia del negociante ecuatoriano, como lo adelantó en su momento Diariojudicial.com, es lograr que el juez Urso determine que ha sido estafado por los procesados en la causa por la venta ilegal de armas -todos ex funcionarios- para así poder entablar un juicio de millonarias proporciones contra el Estado Argentino, tras demostrar que quienes le vendieron las armas, luego de haberle prometido que se las venderían “a estrenar” se las mandaron usadas y en mal estado.
Por intermedio de su apoderado, el abogado Miguel Bootello, Sassen y el general ecuatoriano César Torres Herbozo se presentaron como querellantes en la causa que lleva adelante Urso. Entre otras medidas, pidieron la citación de Guido Di Tella y Domingo Cavallo por haber firmado los decretos que permitieron el negocio. A su vez, Sassen aseguró que la voladura de la fábrica militar de Río Tercero fue provocada para borrar pruebas del escándalo.
Los problemas de Sassen y Torres Herbozo aparecieron cuando Aguinsky les pidió la captura internacional, en la causa donde se investiga el delito de contrabando de las armas.
Los fundamentos de ese pedido fueron suministrados en gran parte por los propios imputados ya que no sólo Sassen reconoció abiertamente ante el periodista Martín Pittón haber sido protagonista de toda la operación de compra del armamento, sino que también confirmó sus negociaciones con Sarlenga (preso), De la Vega (procesado), Palleros (prófugo), Lasnaud (prófugo) y Estrada (muerto en circunstancias dudosas) y sabiendo que las armas que él compraba para venderle al Estado ecuatoriano salían del país bajo un decreto que decía “Destino: Venezuela”. Por ello se les imputa haber actuado como partícipes primarios en la maniobra de contrabando. A mediados del 2000 y en sintonía con la decisión que en su momento tomó Aguinsky, la Sala II de la Cámara Federal dispuso el apartamiento de Sassen de su rol de querellante.
Un pasado nada honroso
Según el diario Página 12, Wilhelm Sassen, padre de Roberto, es un criminal de guerra, prófugo de la justicia europea. El hoy Sassen Jr. se convirtió en proveedor de las fuerzas de seguridad ecuatorianas continuando con el fuerte vínculo de su padre con la policía. A lo largo de 15 años de actividad su empresa Prodefensa se convirtió en proveedora de chalecos antibalas, munición procedente de California y otros implementos para la fuertemente militarizada policía ecuatoriana. Con motivo de la Guerra del Cóndor decidió incursionar por primera vez en la venta de armamento para las Fuerzas Armadas, cuestión que le generó muchos juicios y pocos beneficios.
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