La presentación fue formulada por el secretario general del gremio Julio Piumatto ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien en los últimos días ordenó instalar detectores de metales en los tribunales laborales de esta capital, donde se recibieron amenazas de bomba, obligando a que en reiteradas ocasiones los edificios sean desalojados.
Las amenazas, según recuerda el escrito, comenzaron con sendas llamadas a la Dirección de Administración Financiera del Poder Judicial, ubicada en Sarmiento 877, y luego "se extendieron como un ataque directo al Fuero del Trabajo.
El dirigente recordó que ésta es la segunda campaña "sistemática contra el Poder Judicial", ya que una con características similares se produjo en abril de 1997 y afectó a varios edificios de la Justicia, ocasión en que el gremio denunció los hechos ante la Corte Suprema de Justicia "reclamando una seria investigación".
A partir de ese hecho el gremio comenzó a recibir amenazas, por lo se efectuó una denuncia que quedó radicada en abril de 1997 en el juzgado federal a cargo de Jorge Luis Ballestero
.En ese entendimiento, el gremio asoció ambas olas de amenazas al recordar que "por entonces creímos ver una campaña de inteligencia destinada a desacreditar al Poder Judicial de la Nación, con los perjuicios directos que la misma producía al funcionamiento de una Justicia ya cuestionada por los medios de comunicación y afectada por un ahogo presupuestario provocado por la aplicación de políticas de un modelo económico".
"No podemos hoy, a la vista de esta nueva campaña, dejar de asociar las mismas a los intentos de desguace de la Justicia Nacional" como "parte de las políticas implementadas siguiendo las pautas del FMI y demás organismos multilaterales de crédito" recortando "aún más su menguado presupuesto", enfatiza la presentación en la que se advierte que "el medio elegido ha sido usar el traspaso de los fueros ordinarios al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires".
"Como tamaña iniciativa -sostuvo el dirigente de la UEJN - no ha podido ser defendida en un debate por un mejor servicio de Justicia, se han implementado estas campañas con el fin de predisponer a la opinión pública, a los litigantes y los abogados, en el sentido de que la justicia es un caos y que el traspaso sería visto como un mecanismo de solución. Campañas similares se utilizaron a la hora de fundamentar el traspaso de las escuelas al ámbito municipal", advirtió.
Asimismo, Piumatto recordó que en 1996, mediante decreto, el ex presidente Carlos Menem y el por entonces ministro de Justicia Elías Jassan pusieron en marcha el traspaso, pero ante la reacción de toda la "comunidad judicial (Asociación de Magistrados, todas las Cámaras de Apelaciones de los fueros afectados y la UEJN)", se detuvo la marcha del proyecto en 1997.
También se recordó que tal situación es "absolutamente similar a la actual, donde a partir de reflotar la idea del traspaso, por las presiones del FMI, en diciembre firman un acuerdo, el Gobierno de la Ciudad con el Gobierno Nacional, sujeto a ratificación de la Legislatura porteña", a la vez que la presentación judicial cargó contra el actual ministroo de Economía "Domingo Cavallo, devenido Jefe de Estado” quien anunció públicamente junto al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, el apoyo para instrumentar el traspaso”.
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