27 de Noviembre de 2024
Edición 7100 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 28/11/2024

Tortura a la brasileña

Amnistía Internacional manifestó que la policía brasileña y los guardias de las prisiones continúan utilizando la tortura sobre los presos, 11 años después de que el país firmara un tratado internacional prohibiendo tal práctica.

 
Al tiempo que el Comité de Naciones Unidas sobre la Tortura comenzó el martes en Ginebra una audiencia especial sobre el tema de Brasil, Amnistía Internacional denunció que estas practicas "continuaban sin contenerse y mayormente sin castigo".

"La tortura se usa regularmente como una manera para extraer confesiones, para dominar, humillar y controlar a los detenidos", dijo la organización de derechos humanos en una declaración.

Brasil ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes en septiembre de 1989.

La delegación de Brasil tiene previsto presentar su primer informe sobre la implementación del tratado al comité de la ONU, integrado por 10 expertos independientes.

Funcionarios de la ONU dijeron que no era usual que pasara tanto tiempo entre la firma de un tratado y la presentación del primer informe.

La sesión de la ONU se enlaza con la presentación de un informe el mes pasado, en una acción separada, por el investigador especial de las Naciones Unidas sobre Tortura, Sir Nigel Rodley, quien dijo que detectó ``una extendida y sistemática" práctica de tortura en detenidos, especialmente entre los pobres, negros y pandilleros durante su reciente visita a Brasil.

"Para algunos miembros de la policía, a menudo con escaso entrenamiento y bajos recursos, extraer confesiones bajo la tortura se ha convertido en el reemplazo de métodos de investigación profesionales y científicos", dijo Amnistía Internacional en su propio informe, en el que la organización expresa su comprensión acerca de las dificultades que confronta el gobierno central de Brasil para contener una delincuencia desatada y la violencia callejera. Sin embargo, la agrupación defensora de los derechos humanos consideró que las medidas para preservar la seguridad pública que tome el gobierno brasileño no deben hacerse “a costo de los derechos de sus ciudadanos".

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dju / dju
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