"Reconozco que gente de mi partido me preguntó
cómo era posible que no tuviera la anticipación del pedido de indagatoria de
Menem"
Todas las conversaciones en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
tenían a las cajas por protagonistas, aquellas famosas que envió a la Argentina
el subcomité del Senado de Estados Unidos con información sobre el lavado de
dinero. Por eso, el secretario de Justicia y Asuntos Legislativos parecía ansioso
por la llegada próxima, que se hizo efectiva apenas unas horas después de este
reportaje.
Sin embargo, Melchor Cruchaga, abogado oriundo de Puerto Belgrano, provincia
de Buenos Aires, ex Fiscal de Estado bonaerense, ex diputado nacional y ex consejero
de la Magistratura no omitió ningún tema.
El viceministro de Justicia adelantó que la Cámara Alta aprobaría en los próximos
días los pliegos de varios jueces seleccionados por el Consejo de la Magistratura,
"porque el Senado no puede demorar más el tratamiento", según advirtió.
Además aseguró que "no se puede bajar la guardia en la lucha contra la corrupción"
y contestó a los justicialistas al decir que "de ninguna manera la Oficina Anticorrupción
está plantada como una oficina de persecución política".
Cruchaga se puso firme al explicar que la cartera de Justicia se está ocupando
de las dificultades materiales que impiden la entrada en vigencia de la ley
que prevé la delegación en el Ministerio Público de los delitos de autor desconocido
(NN); y anticipó que se está trabajando en una propuesta para duplicar la cantidad
de juzgados de ejecución penal.
Diariojudicial.com: ¿Habrá copias de las cajas para el Ejecutivo?
Melchor Cruchaga: En el caso de las copias remitidas al Congreso de la
Nación, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, ha resuelto solicitarle al
presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, que le saque oportunamente
una copia certificada de esa documentación basado en la comunicación del Senado
de Estados Unidos, que advirtió que no remitirá ninguna copia más. En consecuencia,
esa comunicación aclara que se considera cumplido el requerimiento judicial
y político de la Argentina con el envío de dos copias certificadas y que será
el Ministerio de Justicia argentino el que deberá responder en el futuro a reclamos
judiciales de otros juzgados -que los hay- solicitando total o parcialmente
esa documentación. Para esa situación fáctica y legal que ya se ha planteado,
el Ministerio va a esperar que el Congreso le remita un tercer juego ya certificado
por autoridad argentina.
Dju: La diputada Elisa Carrió aseguró que parte del Ejecutivo obstaculizó el
trámite de la entrega de las cajas.
MC: No, toda la gestión política y diplomática que se ha monitoreado desde este
Ministerio fue activando la entrega. Por eso, la gestión diplomática y la política
desde Justicia dio como resultado una respuesta afirmativa. Y están los elementos
a la vista. La propia diputada Carrió explicó que no tiene ninguna duda de que
el ministro Jorge de la Rúa actuó correctamente.
Dju: Apuntó más bien hacia el embajador en Estados Unidos, Guillermo González,
que habría dicho que el Banco Central no colaboró con el subcomité del Senado
de ese país.
MC: Si la referencia periodística estaba enderezada a alguna omisión del Banco
Central, entonces no se puede responsabilizar al Poder Ejecutivo. Pero además
el dato concreto es que están en Buenos Aires y en poder de la Cámara de Diputados,
que hará el análisis político correspondiente a través de la Comisión investigadora,
y la Justicia argentina tendrá acceso a la documentación para analizar desde
la competencia penal lo que resulte procedente.
Dju: ¿Está de acuerdo con la definición de Jorge de la Rúa, que definió como
una bisagra en la Justicia la asunción del nuevo Gobierno, en cuanto a su no
intervención en los asuntos judiciales?
MC: Absolutamente de acuerdo con el concepto, porque además lo vivo diariamente
aquí. Debe ser una de las banderas políticas y éticas que se mantienen al tope.
Dju: ¿Cómo se manifiestan esas vivencias diarias?
MC: A través de las instrucciones de Fernando y Jorge de la Rúa, que tienden
a asegurar la independencia del poder Judicial, no interferir y prestar la colaboración
que marcan las leyes vigentes para lograr la eficiencia del Poder Judicial.
Por eso hay diversas iniciativas conocidas, en las que participan el Poder Judicial,
el Ministerio Público y la cartera de Justicia en la ejecución de programas
de modernización del sistema judicial. Y además, el Consejo de la Magistratura
está por los concursos enviando las ternas y los nombres para cubrir casi el
20 por ciento del plantel total de jueces, que es un porcentaje altísimo. Y
hay que hacer una lectura cuantitativa , pero también cualitativa: casi un cuarto
del Poder Judicial Nacional y Federal va a estar integrado por personas que
han sido seleccionadas por el Consejo de la Magistratura.
Dju: ¿Se refiere a las garantías que otorga un concurso?
MC: Con todo lo que el sistema resguarda: pautas de objetividad para acreditar
la idoneidad integral de los candidatos.
Dju: Sin embargo se denuncian demoras en la asunción de los jueces y las partes
que intervienen (el Consejo, el Ministerio y el Senado) suelen tirarse la pelota
entre sí.
MC: Estamos en una transición que está empezando a dar sus frutos, y el nuevo
sistema genera en algunos casos resistencias, en otros falta de acostumbramiento
al modo en que se debe seleccionar a un magistrado y choques contra una inercia
del viejo sistema que todavía persiste.
Dju: ¿Está apuntando específicamente al Senado?
MC: En este momento de transición hay que observar el costado positivo: el Consejo
de la Magistratura está enviando las primeras ternas, el Poder Ejecutivo que,
sin perjuicio de su atribución constitucional de elegir de la terna al candidato
que considere adecuado, ha tenido hasta ahora una tendencia de elegir a los
mejores calificados. Y el dato objetivo es que hace varios meses que el Senado
tiene los primeros pliegos y hasta ahora no ha dado una respuesta. Aunque creo
que en los próximos días va a comenzar a dar sus frutos, y veremos las primeras
nominaciones de jueces elegidos por el nuevo sistema.
Dju: ¿Por qué dice "en los próximos días"? ¿Hay algún dato en concreto?
MC: Me da le sensación de que el Senado no puede demorar más el tratamiento
de algunos pliegos, y algunos requerimientos de la Comisión de acuerdo y alguna
información complementaria me indica que estarían por emitir dictamen.
Dju: En 1996 usted pidió un informe al Ejecutivo con otros diputados por una
demanda contra el Estado de ciudadanos italianos que pretendían invertir en
la construcción de 50 estaciones de Gas Natural Comprimido. Hoy esa denuncia
está en la Justicia con el ex presidente Carlos Menem, el gobernador bonaerense
Carlos Ruckauf, Emir Yoma, entre otros, imputados por la Oficina Anticorrupción.
Supongo que estará al tanto del tema.
MC: La Oficina Anticorrupción tiene autonomía funcional. No depende del secretario
de Justicia, la relación funcional es con el ministro y no tengo acceso al expediente,
así que no puedo agregar más porque no juzgo nada de lo actuado por la Oficina
Anticorrupción.
Dju: ¿Tenían información de qué funcionarios o personas en general estaban involucrados
en los ilícitos?
MC: Todas mis presentaciones como diputado de la oposición siempre fueron fundadas
y con el máximo de responsabilidad política. Por eso, en aquel momento, con
el caudal informativo con que podía contar un diputado de la oposición la presentación
contaba con datos que la ameritaban. Pero no las puedo comparar porque no conozco
la denuncia actual. No es una formalidad que la Oficina Anticorrupción tiene
autonomía funcional, sino que en los hechos son muy celosos de esa autonomía
y no he tenido nunca la ocasión de revisar ningún tipo de sumario y me he enterado
por los medios de prensa de las presentaciones que se han hecho en tribunales.
Dju: En algún momento se hizo también en Diputados una Comisión Anticorrupción.
Si hubiese tenido que decidir al momento de la constitución de la Oficina, ¿la
hubiese puesto en el ámbito del Ejecutivo?
MC: En estos días se realizó en Buenos Aires la primera conferencia sobre la
implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y por las
palabras del ministro y del Secretario General de la OEA, César Gaviria, me
imagino que esta es una lucha que debe mantenerse muy presente. No se puede
bajar la guardia, y por mi experiencia personal como organismo de control constitucional
en la provincia de Buenos Aires como fiscal de Estado tengo la impresión de
que los organismos de control nunca sobran y que no está demás efectuar controles
sobre la legalidad y la gestión mientras sean eficaces y no se conviertan en
burocráticos. En esta apreciación debe tenerse presente que por primera vez
en la historia constitucional argentina el gobierno nacional comienza su gestión
simultáneamente con la ley de Ética Pública, que estableció severas disposiciones
para los funcionarios públicos en materia de derechos y obligaciones, de manera
que me parece adecuado que un organismo como la OA sea uno de los que tenga
a su cargo el control y la vigilancia para que esas disposiciones se hagan efectivas.
Algunas atribuciones de esa Oficina en materia Procesal Penal ya fueron resueltas
por la Justicia, que la ha tenido como parte querellante, así que a los fundamentos
judiciales me remito. Y la posibilidad de que algunas competencias puedan ser
similares o parecidas a la que tiene la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas no me preocupa, porque en última instancia la búsqueda de mayor
control y hacer eficaz la lucha contra la corrupción nunca está demás. Si hay
una batalla contra la corrupción sin discriminación política y competencias
desaforadas entre organismos creo que la lucha suma. Aprovecho para decir que
de ninguna manera la OA está planteada como una Oficina de persecución política.
Además, es inédito el control y el modo en
que se registran las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos.
Dju: ¿La famosa frase de "Oficina Antiperonista o Antimenemista" le parece una
maniobra política?
MC: No, la descarto por ser manifiestamente improcedente. La Argentina no resiste
persecución política. Es aberrante utilizar alguno de los poderes o recursos
del Estado para la persecución política, y podríamos poner en este plano el
uso desde el Poder Ejecutivo al Judicial para tales fines. No lo resiste la
sociedad ni el sistema, y no es el objetivo del gobierno de la Alianza. Pero
debemos asumir que la gente también quiere transparencia, legalidad, la verdad
y ponerle fin a la impunidad, para eso nos votó.
Dju: Y es una obligación constitucional...
MC: Claro. La OA ha investigado a funcionarios del gobierno que pasó y a los
de este. Eso es público y notorio. De tal manera que no se puede decir que ha
orientado sus investigaciones exclusivamente para los que pasaron. Pero si el
mayor número de las denuncias se conocen por actos ya pasados, sería absolutamente
impropio e ilegal cerrar la revisión o el análisis de una denuncia, que sería
favorecer la impunidad. Y la OA no hace otra cosa que presentar los elementos
a la Justicia.
Dju: Respecto de la división de las funciones o poderes del Estado, me llamó
la atención la falta de reacción de la Alianza en general y del Ejecutivo ante
la demostración del Justicialismo en el Congreso para apoyar a Menem frente
al pedido de indagatoria del fiscal federal Carlos Stornelli por la venta ilegal
de armas. Inclusive algún diputado amenazó con suspender el tratamiento de proyectos
de ley solicitados por el PEN.
MC: En cuanto al tema de las armas, desde el primer día yo fui uno de los que
se ocupó de aclarar que este Gobierno había prometido independencia del Poder
Judicial, lo que incluye al Ministerio Público. Por eso no hay otra alternativa
que proteger esa independencia y mantenerla en los términos en los que resulta
competente el Poder Ejecutivo. Y esa línea fue comprendida en todo su valor
por observadores imparciales y por las editoriales de los principales diarios.
Sería aberrante si especuláramos con alguna influencia que no tenemos en el
Poder Judicial para dirigir la causa.
Dju: En un primer momento se metió en la bolsa de la falta de operatividad que
se le achaca al Ejecutivo a la falta de operatividad sobre el Poder Judicial.
MC: Reconozco que muchos, sobre todo periodistas, me han indagado sobre las
causas por las que no tuvimos con anticipación las decisiones del fiscal Stornelli.
Y les tuve que decir algo muy elemental: que me enteré por el diario. Y eso
responde a la realidad. Entonces, esa inercia del viejo sistema en la metodología
para nombrar jueces, es también la inercia vinculada a la creencia que desde
el Ejecutivo tenemos canales de comunicación reservados o secretos con los cuales
podemos mover algún hilo en la Justicia. Y la verdad no es así. Reconozco que
aún gente de mi partido, no de este gobierno, me decía "cómo es posible que
no tengas la anticipación", con el impacto político que tenía la decisión del
fiscal Stornelli. Por lo elemental me resulta difícil decirlo hasta el cansancio,
que esta es una política judicial, y que se cumple. Acá no se arrió ninguna
bandera electoral. Que quede claro, porque el día de mañana la actividad judicial,
soberana, libre y resuelta por la energía propia del poder Judicial o la hiperactividad
del Ministerio Público puede generar situaciones variadas y nos va a tener que
encontrar a los del Gobierno en el mismo camino de respetar las decisiones.
Dju: Después de haber pasado tantos años en la Cámara de Diputados, ¿se siente
cómodo en este papel ejecutivo?
MC: La prédica que tuve como legislador y como miembro del Consejo de la Magistratura
fue similar. Y me encuentro sí con la responsabilidad de la ejecución de esa
política, y no me siento incómodo. Al contrario, estoy muy convencido de lo
que hago, porque no sólo abonó una promesa electoral, sino que responde a convicciones
muy íntimas y a una realidad, porque quisiera desde este Ministerio ayudar a
lograr al Gobierno una mayor credibilidad del Poder Judicial.
Dju: Después de este año y pico de gestión, ¿Son conscientes en la cartera de
Justicia de que llevan sobre sus hombros quizás la única bandera aún en asta,
de la promesa de la Alianza?
MC: Yo creo que hay muchos capítulos de la Carta de los Argentinos y de la promesa
del presidente De la Rúa que se están cumpliendo en cuanto a sus objetivos aunque
algunos instrumentos hayan tenido que variar. Pero en esta materia se hizo lo
que se prometió. Y sería muy satisfactorio en lo político y en lo personal que
en algún momento, cuando deba retirarme de este cargo, que es transitorio, pueda
exhibir que la gente, la sociedad argentina, recuperó confianza en el Poder
Judicial. Cuando asumimos, según las encuestas hechos por otro Gobierno, ocho
de cada diez argentinos no creían en el sistema, y más de un tercio de los jueces
consultados adjudicaban le crisis del Poder Judicial a la falta de imparcialidad
e independencia. Si logramos revertir esto, que es absolutamente pernicioso,
y cambiamos fuertemente la creencia de la sociedad a partir de un sistema imparcial,
independiente y eficiente, habremos cumplido con la lucha de tantos años, y
ojalá lleguemos lo más rápido posible.
Dju: ¿Hacia dónde apuntan las reformas?
MC: Hay varias áreas, una vinculada a la pérdida de parcialidad, que se cumple
al nombrar a los jueces a través del Consejo de la Magistratura, además debe
ser una realidad que los jueces observen a un Poder Ejecutivo que los respeta
plenamente. El segundo rubro es la pérdida de eficiencia del Poder Judicial,
que implica la realización de una serie de programas que tienden a modernizarlo,
y la lista es larga. Algunos ejemplos son el Projum (Programa del Juzgado Modelo),
una experiencia con financiación del Banco Mundial, que está en una segunda
etapa, con la convocatoria a doce jueces que están participando activamente.
Además está el programa de acceso a la Justicia, donde se han firmado convenios
con el Colegio Público de Abogados, por los que se llamó a concurso y se dictaminó
el texto del Manual de Educación Legal Popular, que será distribuido en centros
masivos de comunicación como estaciones ferroviarias. La primera será la de
Retiro, por donde pasan 100 mil personas diariamente, en una especie de Centro
de Asistencia al Ciudadano. Y le lectura es sencilla, para que un ciudadano
que no es abogado pueda acceder a la Justicia. Después vendrá otra en Constitución
y un espacio en Tribunales y se convocará a la Universidad de Buenos Aires para
que aporte pasantes que brinden este servicio a la gente. Entre otras reformas,
estamos analizando un modelo de renovación de la justicia de ejecución penal
a través del proyecto de ley con el que se pretende duplicar estos juzgados
y además estamos estudiando la posibilidad de facilitar elementos para que la
estructura de esos juzgados sea distinta a la actual, que es verdaderamente
deprimente por la falta de espacio y de comodidad. La idea es diseñar un modelo
de oficina de ejecución penal que se ponga a tono porque están desbordadas y
saturadas y no pueden cumplir con sus roles. También está la posibilidad de
incorporar en estas oficinas de ejecución un proyecto de comunicación multimedia
entre las unidades de detención y los juzgados y familiares. Y con la Corte
estamos analizando hacer oficinas comunes de resguardo de documentación y efectos
secuestrados, que van a aliviar fuertemente el espacio y la responsabilidad
en la guarda de los juzgados civiles, comerciales y penales, con lo que se podría
ganar hasta un 30 por ciento de espacio.
Dju: Respecto de la ley que reformó el Código Procesal Penal al delegar automáticamente
en el Ministerio Público la instrucción de las causas correccionales y de instrucción
con autor desconocido y sin prever el presupuesto que se necesitará para su
implementación, hay quienes sugieren con una pequeña ayuda del Ministerio se
podría solucionar el problema.
MC: Estamos en permanente comunicación con el Procurador (Nicolás Becerra) y
la disposición de Jorge de la Rúa es efectivamente prestarle el máximo de atención
a la cuestión para que la ley pueda aplicarse sin inconvenientes. Tenemos la
predisposición política e institucional para que el Ministerio Público no tenga
dificultades materiales, con un lugar distinto, de fácil acceso al público,
estamos pensando en una planta baja, también estamos recibiendo algunas sugerencias
sobre lo básico en el equipamiento informático. De alguna manera, y con cierta
razonabilidad, Becerra dice que la inmediata puesta en marcha del sistema resulta
muy difícil porque no hay locales, maquinaria, programas. Y es en esa parte
de la ejecución de la ley donde estamos tratando de colaborar.
Dju: Hay muchos especialistas en derecho penal que creen que la reforma del
dos por uno (que volvió a Diputados, donde tienen que ser votadas las modificaciones
que propuso el Senado) que usted impulsó no va a generar ningún cambio en el
sistema ni en la situación de inseguridad.
MC: Primero hay que aclarar que como rige para el futuro no alcanza las causas
en trámite, aunque quedará a interpretación judicial. Pero vale aclarar que
nació como una ley que iba a ser transitoria y de emergencia y tuvo siete años
de vida sin dar los resultados esperados a nuestro criterio. Pero es respetable
la crítica que a lo mejor algunos funcionarios de este Ministerio efectúan en
contra de esta reforma. En lo personal, estoy absolutamente convencido de que
había que derogar el artículo 7 de la ley porque alteró el objetivo fijado originariamente
por el legislador y además generó un abuso muy notorio en cuanto a la licuación
de las penas.