"Reconozco que gente de mi partido me preguntó cómo era posible que no tuviera la anticipación del pedido de indagatoria de Menem"
Todas las conversaciones en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenían a las cajas por protagonistas, aquellas famosas que envió a la Argentina el subcomité del Senado de Estados Unidos con información sobre el lavado de dinero. Por eso, el secretario de Justicia y Asuntos Legislativos parecía ansioso por la llegada próxima, que se hizo efectiva apenas unas horas después de este reportaje.
Sin embargo, Melchor Cruchaga, abogado oriundo de Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires, ex Fiscal de Estado bonaerense, ex diputado nacional y ex consejero de la Magistratura no omitió ningún tema.
El viceministro de Justicia adelantó que la Cámara Alta aprobaría en los próximos días los pliegos de varios jueces seleccionados por el Consejo de la Magistratura, "porque el Senado no puede demorar más el tratamiento", según advirtió.
Además aseguró que "no se puede bajar la guardia en la lucha contra la corrupción" y contestó a los justicialistas al decir que "de ninguna manera la Oficina Anticorrupción está plantada como una oficina de persecución política".
Cruchaga se puso firme al explicar que la cartera de Justicia se está ocupando de las dificultades materiales que impiden la entrada en vigencia de la ley que prevé la delegación en el Ministerio Público de los delitos de autor desconocido (NN); y anticipó que se está trabajando en una propuesta para duplicar la cantidad de juzgados de ejecución penal.
Diariojudicial.com: ¿Habrá copias de las cajas para el Ejecutivo?
Melchor Cruchaga: En el caso de las copias remitidas al Congreso de la Nación, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, ha resuelto solicitarle al presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, que le saque oportunamente una copia certificada de esa documentación basado en la comunicación del Senado de Estados Unidos, que advirtió que no remitirá ninguna copia más. En consecuencia, esa comunicación aclara que se considera cumplido el requerimiento judicial y político de la Argentina con el envío de dos copias certificadas y que será el Ministerio de Justicia argentino el que deberá responder en el futuro a reclamos judiciales de otros juzgados -que los hay- solicitando total o parcialmente esa documentación. Para esa situación fáctica y legal que ya se ha planteado, el Ministerio va a esperar que el Congreso le remita un tercer juego ya certificado por autoridad argentina.
Dju: La diputada Elisa Carrió aseguró que parte del Ejecutivo obstaculizó el trámite de la entrega de las cajas.
MC: No, toda la gestión política y diplomática que se ha monitoreado desde este Ministerio fue activando la entrega. Por eso, la gestión diplomática y la política desde Justicia dio como resultado una respuesta afirmativa. Y están los elementos a la vista. La propia diputada Carrió explicó que no tiene ninguna duda de que el ministro Jorge de la Rúa actuó correctamente.
Dju: Apuntó más bien hacia el embajador en Estados Unidos, Guillermo González, que habría dicho que el Banco Central no colaboró con el subcomité del Senado de ese país.
MC: Si la referencia periodística estaba enderezada a alguna omisión del Banco Central, entonces no se puede responsabilizar al Poder Ejecutivo. Pero además el dato concreto es que están en Buenos Aires y en poder de la Cámara de Diputados, que hará el análisis político correspondiente a través de la Comisión investigadora, y la Justicia argentina tendrá acceso a la documentación para analizar desde la competencia penal lo que resulte procedente.
Dju: ¿Está de acuerdo con la definición de Jorge de la Rúa, que definió como una bisagra en la Justicia la asunción del nuevo Gobierno, en cuanto a su no intervención en los asuntos judiciales?
MC: Absolutamente de acuerdo con el concepto, porque además lo vivo diariamente aquí. Debe ser una de las banderas políticas y éticas que se mantienen al tope.
Dju: ¿Cómo se manifiestan esas vivencias diarias?
MC: A través de las instrucciones de Fernando y Jorge de la Rúa, que tienden a asegurar la independencia del poder Judicial, no interferir y prestar la colaboración que marcan las leyes vigentes para lograr la eficiencia del Poder Judicial. Por eso hay diversas iniciativas conocidas, en las que participan el Poder Judicial, el Ministerio Público y la cartera de Justicia en la ejecución de programas de modernización del sistema judicial. Y además, el Consejo de la Magistratura está por los concursos enviando las ternas y los nombres para cubrir casi el 20 por ciento del plantel total de jueces, que es un porcentaje altísimo. Y hay que hacer una lectura cuantitativa , pero también cualitativa: casi un cuarto del Poder Judicial Nacional y Federal va a estar integrado por personas que han sido seleccionadas por el Consejo de la Magistratura.
Dju: ¿Se refiere a las garantías que otorga un concurso?
MC: Con todo lo que el sistema resguarda: pautas de objetividad para acreditar la idoneidad integral de los candidatos.
Dju: Sin embargo se denuncian demoras en la asunción de los jueces y las partes que intervienen (el Consejo, el Ministerio y el Senado) suelen tirarse la pelota entre sí.
MC: Estamos en una transición que está empezando a dar sus frutos, y el nuevo sistema genera en algunos casos resistencias, en otros falta de acostumbramiento al modo en que se debe seleccionar a un magistrado y choques contra una inercia del viejo sistema que todavía persiste.
Dju: ¿Está apuntando específicamente al Senado?
MC: En este momento de transición hay que observar el costado positivo: el Consejo de la Magistratura está enviando las primeras ternas, el Poder Ejecutivo que, sin perjuicio de su atribución constitucional de elegir de la terna al candidato que considere adecuado, ha tenido hasta ahora una tendencia de elegir a los mejores calificados. Y el dato objetivo es que hace varios meses que el Senado tiene los primeros pliegos y hasta ahora no ha dado una respuesta. Aunque creo que en los próximos días va a comenzar a dar sus frutos, y veremos las primeras nominaciones de jueces elegidos por el nuevo sistema.
Dju: ¿Por qué dice "en los próximos días"? ¿Hay algún dato en concreto?
MC: Me da le sensación de que el Senado no puede demorar más el tratamiento de algunos pliegos, y algunos requerimientos de la Comisión de acuerdo y alguna información complementaria me indica que estarían por emitir dictamen.
Dju: En 1996 usted pidió un informe al Ejecutivo con otros diputados por una demanda contra el Estado de ciudadanos italianos que pretendían invertir en la construcción de 50 estaciones de Gas Natural Comprimido. Hoy esa denuncia está en la Justicia con el ex presidente Carlos Menem, el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, Emir Yoma, entre otros, imputados por la Oficina Anticorrupción. Supongo que estará al tanto del tema.
MC: La Oficina Anticorrupción tiene autonomía funcional. No depende del secretario de Justicia, la relación funcional es con el ministro y no tengo acceso al expediente, así que no puedo agregar más porque no juzgo nada de lo actuado por la Oficina Anticorrupción.
Dju: ¿Tenían información de qué funcionarios o personas en general estaban involucrados en los ilícitos?
MC: Todas mis presentaciones como diputado de la oposición siempre fueron fundadas y con el máximo de responsabilidad política. Por eso, en aquel momento, con el caudal informativo con que podía contar un diputado de la oposición la presentación contaba con datos que la ameritaban. Pero no las puedo comparar porque no conozco la denuncia actual. No es una formalidad que la Oficina Anticorrupción tiene autonomía funcional, sino que en los hechos son muy celosos de esa autonomía y no he tenido nunca la ocasión de revisar ningún tipo de sumario y me he enterado por los medios de prensa de las presentaciones que se han hecho en tribunales.
Dju: En algún momento se hizo también en Diputados una Comisión Anticorrupción. Si hubiese tenido que decidir al momento de la constitución de la Oficina, ¿la hubiese puesto en el ámbito del Ejecutivo?
MC: En estos días se realizó en Buenos Aires la primera conferencia sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y por las palabras del ministro y del Secretario General de la OEA, César Gaviria, me imagino que esta es una lucha que debe mantenerse muy presente. No se puede bajar la guardia, y por mi experiencia personal como organismo de control constitucional en la provincia de Buenos Aires como fiscal de Estado tengo la impresión de que los organismos de control nunca sobran y que no está demás efectuar controles sobre la legalidad y la gestión mientras sean eficaces y no se conviertan en burocráticos. En esta apreciación debe tenerse presente que por primera vez en la historia constitucional argentina el gobierno nacional comienza su gestión simultáneamente con la ley de Ética Pública, que estableció severas disposiciones para los funcionarios públicos en materia de derechos y obligaciones, de manera que me parece adecuado que un organismo como la OA sea uno de los que tenga a su cargo el control y la vigilancia para que esas disposiciones se hagan efectivas. Algunas atribuciones de esa Oficina en materia Procesal Penal ya fueron resueltas por la Justicia, que la ha tenido como parte querellante, así que a los fundamentos judiciales me remito. Y la posibilidad de que algunas competencias puedan ser similares o parecidas a la que tiene la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas no me preocupa, porque en última instancia la búsqueda de mayor control y hacer eficaz la lucha contra la corrupción nunca está demás. Si hay una batalla contra la corrupción sin discriminación política y competencias desaforadas entre organismos creo que la lucha suma. Aprovecho para decir que de ninguna manera la OA está planteada como una Oficina de persecución política. Además, es inédito el control y el modo en que se registran las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos.
Dju: ¿La famosa frase de "Oficina Antiperonista o Antimenemista" le parece una maniobra política?
MC: No, la descarto por ser manifiestamente improcedente. La Argentina no resiste persecución política. Es aberrante utilizar alguno de los poderes o recursos del Estado para la persecución política, y podríamos poner en este plano el uso desde el Poder Ejecutivo al Judicial para tales fines. No lo resiste la sociedad ni el sistema, y no es el objetivo del gobierno de la Alianza. Pero debemos asumir que la gente también quiere transparencia, legalidad, la verdad y ponerle fin a la impunidad, para eso nos votó.
Dju: Y es una obligación constitucional...
MC: Claro. La OA ha investigado a funcionarios del gobierno que pasó y a los de este. Eso es público y notorio. De tal manera que no se puede decir que ha orientado sus investigaciones exclusivamente para los que pasaron. Pero si el mayor número de las denuncias se conocen por actos ya pasados, sería absolutamente impropio e ilegal cerrar la revisión o el análisis de una denuncia, que sería favorecer la impunidad. Y la OA no hace otra cosa que presentar los elementos a la Justicia.
Dju: Respecto de la división de las funciones o poderes del Estado, me llamó la atención la falta de reacción de la Alianza en general y del Ejecutivo ante la demostración del Justicialismo en el Congreso para apoyar a Menem frente al pedido de indagatoria del fiscal federal Carlos Stornelli por la venta ilegal de armas. Inclusive algún diputado amenazó con suspender el tratamiento de proyectos de ley solicitados por el PEN.
MC: En cuanto al tema de las armas, desde el primer día yo fui uno de los que se ocupó de aclarar que este Gobierno había prometido independencia del Poder Judicial, lo que incluye al Ministerio Público. Por eso no hay otra alternativa que proteger esa independencia y mantenerla en los términos en los que resulta competente el Poder Ejecutivo. Y esa línea fue comprendida en todo su valor por observadores imparciales y por las editoriales de los principales diarios. Sería aberrante si especuláramos con alguna influencia que no tenemos en el Poder Judicial para dirigir la causa.
Dju: En un primer momento se metió en la bolsa de la falta de operatividad que se le achaca al Ejecutivo a la falta de operatividad sobre el Poder Judicial.
MC: Reconozco que muchos, sobre todo periodistas, me han indagado sobre las causas por las que no tuvimos con anticipación las decisiones del fiscal Stornelli. Y les tuve que decir algo muy elemental: que me enteré por el diario. Y eso responde a la realidad. Entonces, esa inercia del viejo sistema en la metodología para nombrar jueces, es también la inercia vinculada a la creencia que desde el Ejecutivo tenemos canales de comunicación reservados o secretos con los cuales podemos mover algún hilo en la Justicia. Y la verdad no es así. Reconozco que aún gente de mi partido, no de este gobierno, me decía "cómo es posible que no tengas la anticipación", con el impacto político que tenía la decisión del fiscal Stornelli. Por lo elemental me resulta difícil decirlo hasta el cansancio, que esta es una política judicial, y que se cumple. Acá no se arrió ninguna bandera electoral. Que quede claro, porque el día de mañana la actividad judicial, soberana, libre y resuelta por la energía propia del poder Judicial o la hiperactividad del Ministerio Público puede generar situaciones variadas y nos va a tener que encontrar a los del Gobierno en el mismo camino de respetar las decisiones.
Dju: Después de haber pasado tantos años en la Cámara de Diputados, ¿se siente cómodo en este papel ejecutivo?
MC: La prédica que tuve como legislador y como miembro del Consejo de la Magistratura fue similar. Y me encuentro sí con la responsabilidad de la ejecución de esa política, y no me siento incómodo. Al contrario, estoy muy convencido de lo que hago, porque no sólo abonó una promesa electoral, sino que responde a convicciones muy íntimas y a una realidad, porque quisiera desde este Ministerio ayudar a lograr al Gobierno una mayor credibilidad del Poder Judicial.
Dju: Después de este año y pico de gestión, ¿Son conscientes en la cartera de Justicia de que llevan sobre sus hombros quizás la única bandera aún en asta, de la promesa de la Alianza?
MC: Yo creo que hay muchos capítulos de la Carta de los Argentinos y de la promesa del presidente De la Rúa que se están cumpliendo en cuanto a sus objetivos aunque algunos instrumentos hayan tenido que variar. Pero en esta materia se hizo lo que se prometió. Y sería muy satisfactorio en lo político y en lo personal que en algún momento, cuando deba retirarme de este cargo, que es transitorio, pueda exhibir que la gente, la sociedad argentina, recuperó confianza en el Poder Judicial. Cuando asumimos, según las encuestas hechos por otro Gobierno, ocho de cada diez argentinos no creían en el sistema, y más de un tercio de los jueces consultados adjudicaban le crisis del Poder Judicial a la falta de imparcialidad e independencia. Si logramos revertir esto, que es absolutamente pernicioso, y cambiamos fuertemente la creencia de la sociedad a partir de un sistema imparcial, independiente y eficiente, habremos cumplido con la lucha de tantos años, y ojalá lleguemos lo más rápido posible.
Dju: ¿Hacia dónde apuntan las reformas?
MC: Hay varias áreas, una vinculada a la pérdida de parcialidad, que se cumple al nombrar a los jueces a través del Consejo de la Magistratura, además debe ser una realidad que los jueces observen a un Poder Ejecutivo que los respeta plenamente. El segundo rubro es la pérdida de eficiencia del Poder Judicial, que implica la realización de una serie de programas que tienden a modernizarlo, y la lista es larga. Algunos ejemplos son el Projum (Programa del Juzgado Modelo), una experiencia con financiación del Banco Mundial, que está en una segunda etapa, con la convocatoria a doce jueces que están participando activamente. Además está el programa de acceso a la Justicia, donde se han firmado convenios con el Colegio Público de Abogados, por los que se llamó a concurso y se dictaminó el texto del Manual de Educación Legal Popular, que será distribuido en centros masivos de comunicación como estaciones ferroviarias. La primera será la de Retiro, por donde pasan 100 mil personas diariamente, en una especie de Centro de Asistencia al Ciudadano. Y le lectura es sencilla, para que un ciudadano que no es abogado pueda acceder a la Justicia. Después vendrá otra en Constitución y un espacio en Tribunales y se convocará a la Universidad de Buenos Aires para que aporte pasantes que brinden este servicio a la gente. Entre otras reformas, estamos analizando un modelo de renovación de la justicia de ejecución penal a través del proyecto de ley con el que se pretende duplicar estos juzgados y además estamos estudiando la posibilidad de facilitar elementos para que la estructura de esos juzgados sea distinta a la actual, que es verdaderamente deprimente por la falta de espacio y de comodidad. La idea es diseñar un modelo de oficina de ejecución penal que se ponga a tono porque están desbordadas y saturadas y no pueden cumplir con sus roles. También está la posibilidad de incorporar en estas oficinas de ejecución un proyecto de comunicación multimedia entre las unidades de detención y los juzgados y familiares. Y con la Corte estamos analizando hacer oficinas comunes de resguardo de documentación y efectos secuestrados, que van a aliviar fuertemente el espacio y la responsabilidad en la guarda de los juzgados civiles, comerciales y penales, con lo que se podría ganar hasta un 30 por ciento de espacio.
Dju: Respecto de la ley que reformó el Código Procesal Penal al delegar automáticamente en el Ministerio Público la instrucción de las causas correccionales y de instrucción con autor desconocido y sin prever el presupuesto que se necesitará para su implementación, hay quienes sugieren con una pequeña ayuda del Ministerio se podría solucionar el problema.
MC: Estamos en permanente comunicación con el Procurador (Nicolás Becerra) y la disposición de Jorge de la Rúa es efectivamente prestarle el máximo de atención a la cuestión para que la ley pueda aplicarse sin inconvenientes. Tenemos la predisposición política e institucional para que el Ministerio Público no tenga dificultades materiales, con un lugar distinto, de fácil acceso al público, estamos pensando en una planta baja, también estamos recibiendo algunas sugerencias sobre lo básico en el equipamiento informático. De alguna manera, y con cierta razonabilidad, Becerra dice que la inmediata puesta en marcha del sistema resulta muy difícil porque no hay locales, maquinaria, programas. Y es en esa parte de la ejecución de la ley donde estamos tratando de colaborar.
Dju: Hay muchos especialistas en derecho penal que creen que la reforma del dos por uno (que volvió a Diputados, donde tienen que ser votadas las modificaciones que propuso el Senado) que usted impulsó no va a generar ningún cambio en el sistema ni en la situación de inseguridad.
MC: Primero hay que aclarar que como rige para el futuro no alcanza las causas en trámite, aunque quedará a interpretación judicial. Pero vale aclarar que nació como una ley que iba a ser transitoria y de emergencia y tuvo siete años de vida sin dar los resultados esperados a nuestro criterio. Pero es respetable la crítica que a lo mejor algunos funcionarios de este Ministerio efectúan en contra de esta reforma. En lo personal, estoy absolutamente convencido de que había que derogar el artículo 7 de la ley porque alteró el objetivo fijado originariamente por el legislador y además generó un abuso muy notorio en cuanto a la licuación de las penas.