B)TIEMPOS. Son los que no le sobra a la Corte para definir este asunto. No solamente porque se aproxima la indagatoria al ex presidente Carlos Menem, cuya prisión a la que amagan el fiscal Carlos Stornelli y el juez Urso no es sólo una utopía, sino porque dos de los máximos jueces se ausentan el próximo lunes 21 a España y ese es un tema que se quiere sacar bastante antes del 13 de julio. Julio Nazareno y Guillermo López participarán del Encuentro de Presidentes de Cortes de Justicia de Iberoamérica en Palma de Mallorca y por lo tanto no quieren empacar sin antes tener lista tamaña resolución. Por eso esta semana se moverán al máximo para sacar un dictamen que determine claramente la doctrina que debe aplicarse en la interpretación de la figura de asociación ilícita. Por lo que se sabe en el cuarto piso de Talcahuano 550, la Corte sostendría que la integración de un gabinete, en cualquier orden –nacional, provincial o municipal- como así también la conformación de un directorio en un organismo estatal –como el PAMI-, por sí no constituye delito de asociación ilícita, salvo que se compruebe fehacientemente que ese presidente, gobernador, intendente o camarista –porque también se podría dar con una tribunal colegiado de justicia- cometió varios delitos desde la cima de ese poder.
C)GRAVES. Son las acusaciones que pesan sobre dos conocidos abogados del foro porteño, Fernando López Mestre y Gustavo Romano Duffau, que presuntamente habrían intentado coimear al detenido José Luis Sarlenga, como en privado suelen sostener los magistrados Stornelli-Urso. Pero grave también sería -si se comprueba- que se hayan ordenado escuchas telefónicas sobre el abogado de Emir Yoma, Mariano Cúneo Libarona, que trata de desarticular las acusaciones del quebrado Sarlenga, como así también las de algunos periodistas que suelen hablar profesionalmente con el mediático abogado. Como es un hecho difícil de probar y como la “Ojota” de la SIDE jamás entregaría una información de ese tipo, no se ha hecho la denuncia del caso pero su comentario es cada vez mas insistente. Suena como un esfuerzo desproporcionado y de confusa interpretación, que a hombres con muchos años en la profesión de investigar se los quiera escuchar por su teléfono celular, porque seguramente si tienen algo importante para comunicar jamás lo harían por ese medio.
D)COMPLICADO. El ajetreado juez Urso en el Consejo de la Magistratura. No sólo se abrió en ese cuerpo una investigación sobre sus bienes, sino que la instrucción recayó en la diputada salteña María Leila Chaya pese a que en principio se había hecho cargo el abogado de la provincia de Buenos Aires Mario Gersenobitz, quien al ser el impulsor –junto a otro consejero abogado- de la investigación, no quedaba elegante que también la instruyera. La legisladora que se nutre del poder político del gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, no vacilará en investigar el patrimonio a Urso a fondo, descontando ya que uno de sus testigos será el periodista Jorge Lanata. Lo del general Jorge Rearte, al que Stornelli-Urso quieren traer al expediente por el hecho que atendió un llamado de Sarlenga y luego le pidió al embajador González que lo atendiera, crispó aun más el ambiente en el menemismo. Había que verle la cara al diputado Miguel Angel Toma, el martes a la noche en el lanzamiento de la candidatura como senador por Río Negro de su par Miguel Angel Pichetto –muy bien posicionado en recientes encuestas-, cuando un periodista trajo la noticia del involucramiento de Rearte por parte de Urso, a quien Toma impulsó para juez federal de la Capital cuando el grossismo –seguidores del ex intendente Carlos Grosso- mandaban en ese vital y complicado distrito para el PJ.
E)APUESTA. Son las que hicieron famosos abogados, algunos jueces y fiscales que se reunieron el sábado al mediodía en una revitalizada quinta de Moreno sobre la conducta futura de Urso en la definición de la responsabilidad de Carlos Menem en el “affaire” de las armas. Dos de ellos –un abogado muy conocido y ex juez y otro par en actividad- hicieron su pronóstico: el primero se inclinó por la no calificación del ex presidente en la jefatura de asociación ilícita, lo que le evitaría ir preso, pero el segundo se jugó lisa y llanamente por la prisión preventiva de Menem debido a las necesidades coyunturales del juez de la causa. Ambas interpretaciones tan dísímiles de dos personas que llegaron a conocer muy bien a Urso tiene su explicación: al parecer el juez le dice a cada interlocutor lo que quiere escuchar, trazando un laberíntico esquema de medias verdades, sobre todo a partir de su nueva alianza involuntaria o voluntaria con los sectores que hasta no hace mucho querían verlo en el juicio político, paradójicamente, como ahora quieren en el menemismo.