B) CADENA. De jerarquías es la que desfilará por el despacho del juez Julio Speroni, quien ya mandó a juicio al general (RE) Antonio Vicario, cuyo caso se encuentra en la Corte aunque en esas instancias todo parece indicar que se confirmará lo actuado por el juez en lo Penal Económico y el Tribunal de Juicio Oral número 3 que integran los jueces Héctor Acuña, Clelia Oliva Hernández y Ernesto Gandolfi. Además de González, irán por lo de Speroni el ex canciller Guido Di Tella y el ex presidente Carlos Menem, quienes ya se presentaron a disposición del juzgado. Pero de todos los imputados, quien más se encuentra comprometido en el supuesto delito de contrabando es el ex jefe del Ejército, Martín Balza. Al militar lo complican las declaraciones de quien se encargaba de los trámites de exportaciones para Fabricaciones Militares, Teresa de Canterino, conocida como "la coronela", quien en su momento le contó al juez que salían filas de camiones con contenedores de armas como para formar una cola de decenas de cuadras. El juez está persuadido que esa información no podría pasar desapercibida para el jefe del arma.
C) RATIFICACION. Fue la que hizo Lourdes Di Natale ante el juzgado federal 8, secretaría Hermida, a quien le resulta bastante trabajoso atender a la mujer por sus marchas y contramarchas en las denuncias contra Emir Yoma. La mujer que suele emprenderla con su ex pareja y abogado de Yoma, Mariano Cúneo Libarona, no denunció al profesional por presuntas amenazas en su contra. El hecho es explicado en el estudio de este último como una confusión de Rafael Cúneo, hermano de Mariano, que llamó a una hermana que se llama Mariana Cúneo. Como la hija del abogado de Yoma y de Lourdes también se llama Mariana Cúneo, la secretaria discó el número de esta última y al confirmar la llamada de parte del estudio Cúneo Libarona, lo tomó como parte de una presión para que desista de sus denuncias y así se lo hizo saber al secretario de Urso. Pero luego aclaró que su ex pareja no la había presionado, ni amenazado. Todo muy enredado.
D) HISTORIA. Es la que parece que vuelve a repetirse con la aplicación de la instancia oral en materia penal en la Capital Federal. Uno de los argumentos más importantes que trajo este sistema procesal que reemplazó al proceso escrito (todavía quedan bastante causas en trámite, sobre todo en federal), fue que así se iban a agilizar los procesos. Pero como todo sistema nuevo tiende a adaptar los vicios del anterior, los jueces ya advirtieron que algo no anda bien, pues están fijando audiencias de juicio para el año 2003. Lejos de cruzarse de brazos, un grupo de jueces, con el camarista Cataldi a la cabeza, están elaborando una propuesta que permita que los miembros de un tribunal oral (3) se constituyan en salas unipersonales para atender delitos poco complejos y así agilizar aquellos juicios que de otra manera empezarían a prescribir en masa, justo en momentos en que el alto índice de delitos está sobre el tapete. La iniciativa entusiasmó a la silenciosa pero muy eficiente comisión de Proyectos Legislativos de la Asociación de Magistrados, que seguramente canalizará esta inquietud hacia el ministerio de Justicia y en Diputados, donde ya al menos dos legisladores fueron interesados del tema.
E) INDAGATORIA. Es la que analiza el fiscal del crimen, Alejandro Molina Pico -hermano de Emilio, ex jefe de la Armada- contra el actual secretario general de la presidencia. El funcionario, mano derecha del presidente Fernando de la Rúa, está acusado de haber actuado en una etapa de la concesión de la autopista Humberto Illía que une la avenida 9 de Julio con el Aeroparque de manera supuestamente irregular. Este caso con alta significación política se encuentra en manos del juez de Instrucción Nelson Jarazo y también compromete al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por haber cedido la recaudación a favor del concesionario. Los millones en danza son muchos y este lunes el fiscal después de algunas consultas y análisis del cuadro de situación, decidirá si la emprende con tan estratégico funcionario. Un dato importante para el fuero de Instrucción, que había perdido cierto protagonismo y que ahora puede recuperarlo si avanzan otras causas que afectan a funcionarios del gobierno de Aníbal Ibarra como son algunos de los expedientes que están en la órbita del fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz.