Más de medio centenar de dirigentes de organismos de derechos humanos, líderes políticos y sindicales desfilaron por las calles de Resistencia -capital de la provincia- con destino al juzgado federal para entregar la presentación judicial.
El jefe castrense fue acusado por su potencial responsabilidad en los delitos cometidos durante la masacre de "Margarita Belén", ocurrida en 1976, durante la última dictadura militar, cuando era capitán y desempeñaba el cargo de secretario general de la intervención militar en la provincia del Chaco.
El 13 de diciembre de 1976, 22 detenidos políticos fueron sacados de la cárcel de Resistencia y subidos a camiones del Ejército con la excusa de que serían enviados a otro lugar de detención. Pero al llegar a la localidad de Margarita Belén, próxima a Resistencia, los bajaron de los camiones y, luego de golpearlos, los fusilaron. El Ejército alegó entonces que los detenidos murieron en un frustrado intento de fuga.
El propio Brinzoni reconoció el pasado 6 de mayo, en declaraciones a medios periodísticos de la provincia que no hubo tal intento de fuga y que se trató de "una operación militar de eliminación de delincuentes subversivos", cuya modalidad lamentó al ser entrevistado. El titular del Ejército aseguró que él también tuvo por cierta la versión oficial en un principio, pero que posteriores evidencias lo convencieron de que se trató de una ejecución sumaria.
El caso de Margarita Belén fue uno de los que tomó en cuenta la Justicia Federal en 1985 para condenar por gravísimas violaciones a los derechos humanos a las Juntas que encabezaron la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya había anticipado que realizaría está denuncia penal contra militares y policías y advirtió que pediría la remoción de Brinzoni.
Entre los querellados figuran dos oficiales retirados: el general Antonio Serrano, ex interventor en el Chaco, y el ex ministro de gobierno provincial, coronel José Zucconi.
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