El juez federal Rodolfo Canicoba Corral descubrió ayer que tres de los argentinos involucrados en la investigación por lavado de dinero integraron las sociedades que trajeron al país unos u$s 23.000.000 y los derivaron en inversiones de campos y hoteles en Mar del Plata y Bahía Blanca. Eso los complicaría procesalmente y podría ser la punta del "iceberg" de la denominada "Operación Casablanca". Hasta el momento unas 13 personas se encuentran interdictas y los principales sospechados son el presidente de Mercado Abierto SA, Aldo Ducler y los empresarios inmobiliarios, Domingo y Nicolás Di Tullio.
Esta ventana que se le abrió a Canicoba Corral deberá ser explorada, ahora, por los peritos de la Corte Suprema .El juez -como adelantó hace una semana Diario Judicial- le había solicitado al máximo tribunal, expertos en blanqueo de activos financieros -como se denomina en la jerga bancaria al lavado de dinero- para poder determinar si la mencionada transferencia de dinero por parte del Cartel de Juarez, organización de narcotraficantes de México, tiene precisamente ese origen.
El juez también allanó varios campos y hoteles en la zona sur de la provincia de Buenos Aires para buscar documentación que acredite que esas propiedades fueron adquiridas por los principales jefes del Cartel de Juárez. Pero el problema para el juez es poder determinar la ilicitud de la operación ya que esos fondos salieron de México rumbo al Bank of América de California y desde allí pasaron al Citibank de Nueva York. Desde esos bancos estadounidenses el dinero continuo hacia la sucursal del M.A. (Mercado Abierto) en las Islas Caimán. M.A. es propiedad de Aldo Ducler quien ordenó las transferencias a través de Casa de Cambio SA.
Hasta, ahora, el financista se defiende insistiendo que no tenía manera de comprobar el origen del espurio del dinero pero que al tener conocimiento de que podía tratarse de dinero del narcotráfico, lo comunicó a las autoridades judiciales de Estados Unidos. Ducler le dijo al juez que cuando se enteró que la US Customs (Aduana) comenzó a investigar, se puso a su disposición y se allanó al proceso judicial norteamericano. Pero el caso estalló al presentarse ante Canicoba Corral el jefe de Interpol México, José Edmonson, quien denunció la operación y se anticipó a la investigación de los norteamericanos. La US Customs, si bien le entrego al juez argentino, una copiosa documentación no se presentó como querellante. La DEA no participó en esta investigación de los mexicanos y desconfía del excesivo protagonismo de Edmonson.