La denuncia fue formulada por el abogado Antonio Liurgo Boianelli quien le solicitó al juez federal Claudio Bonadío que notifique sobre estos hechos a la Oficina Anticorrupción para que tome intervención y se constituya como parte querellante en la causa. La presentanción detalla que Gallo fue fundador y presidente del Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE) que reemplazó al Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIF).
Según el denunciante, desde ese cargo en el ONABE, Gallo otorgó la concesión de obras en la terminal Belgrano para la realización de distintas tareas que le fueron encomendadas a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y se le otorgó a la misma la explotación de un espacio de aproximadamente 5.600 metros cuadrados, por la que debían pagar “un precio vil” de 2.000 pesos mensuales.
El ONABE llamó a licitación para otorgar los trabajos de refacción, ampliación, administración y explotación del espacio ubicado “en uno de los lugares con mayor valor inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires”, por lo que el denunciante se preguntó sobre los motivos por los cuáles fueron delegadas funciones que el organismo podría haber emprendido, tal es el caso de la administración del predio.
A ese interrogante responde con la sospecha que detrás de alguna de las tres empresas que componen la UTE se encuentra uno de los hijos del funcionario que aparecería como “socio oculto” de las beneficiarias, calificando el proceso como “una rara licitación”, denunciando en ese sentido que “la cercanía del presidente del ente e hijo empresario” justificaría “la tolerancia y el favoritismo, que no ocultan al momento de realizar las operaciones comerciales.