En un pronunciamiento conocido hoy, ambas entidades pusieron que la presentación efectuada en tal sentido por la cartera que encabeza la ministro Patricia Bullrich "resulta violatoria del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de la ley 23.551 de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 87 y 98 y de reiterados dictámenes de su Comité de Libertad Sindical".
Con la firma de su presidente Luis Enrique Ramírez y de la secretaria general Elida Adriana Pérez, la entidad advirtió en el comunicado que "hubiera sido preferible que la energía que el gobierno pone en reprimir claras manifestaciones de libertad sindical, las canalizara en perseguir penalmente a los responsables de la irregular privatización de Aerolíneas Argentinas y de su vaciamiento". En ese marco pusieron a disposición de las asociaciones sindicales involucradas en el conflicto, todos sus cuadros técnicos y profesionales, para colaborar con los asesores legales de cada una de ellas.
La Asociación de Personal Técnicos Aeronáuticos (APTA) se ha negado sistemáticamente a suscribir la propuesta de la empresa española por considerar que constituye la antesala del cierre definitivo de la línea de bandera, y en ese marco los abogados rechazaron "enfáticamente la ilegal metodología utilizada por la autoridad administrativa laboral". Al respecto, advirtieron que se "pretende sancionar a una organización gremial por el simple hecho de haber ejercido su derecho de no aceptar una propuesta patronal, que considera lesiva para los intereses de sus representados". "La metodología utilizada por el poder político es impropia de la etapa democrática que vive el pueblo argentino y nos retrotrae a épocas pretéritas, que creíamos superadas", concluye el comunicado.