El trabajo organizado por la Oficina Anticorrupción y la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos, que propone una amplísima legitimación para exigir la información que produce la administración con los impuestos de los contribuyentes, se basó en la discusión sobre la necesidad o no de la norma y en el debate sobre cada uno de los puntos del anteproyecto expuesto a recibir críticas y halagos.
La ley busca mejorar la transparencia de los actos públicos al garantizar a la ciudadanía el derecho a peticionar la información producida por la administración central y descentralizada, y de esa manera operativizar los preceptos constitucionales que lo garantizan.
Precisamente, las mayores dudas que plantearon algunos académicos en la última de las reuniones fue sobre la naturaleza del derecho consagrado en la Carta Magna: muchos de los participantes explicaron que no era necesario reglamentarlo, porque se trataba de un derecho operativo. Otra de las ideas fue la de proponer solamente un decreto que hiciera al derecho “más amigable al ciudadano”.
Otros, en cambio, hicieron hincapié en la necesidad de una ley para reforzar un derecho que en realidad nadie ejerce; y cada uno de los participantes comentó sus experiencias personales al solicitar información de los distintos órganos de la administración, en general sin resultados satisfactorios.
Mientras que la Secretaría de Justicia que encabeza Melchor Cruchaga está a punto de sacar el decreto reglamentario de la ley de hábeas data para que lo firme el presidente Fernando de la Rúa, se estudió la necesidad de adaptar el proyecto de ley de acceso a la información a las normas que regulan la seguridad interior, y a las distintas leyes secretas que no son pocas en el ordenamiento jurídico.
Uno de los temas que tampoco quedó afuera fue el de los recursos que necesitará el Estado para instalar bases de datos idóneas para organizar la información pasible de ser solicitada. Además, fue fuerte el consenso de quienes participaron para imitar el sistema FOIA (Freedom of Information Act) vigente en Estados Unidos, por el cual toda la información disponible está publicada en distintos índices en Internet.
Respecto del silencio de la administración, desarrollado en el artículo 6 del anteproyecto, se planteó la posibilidad de compatibilizarlo con el artículo 25 de la ley 19549 de Procedimientos Administrativos.
Otra de las cuestiones desarrolladas durante los encuentros en el piso 11 de la cartera de Justicia, que fueron encabezados por Cruchaga, el titular de la OA, José Massoni; y el director de Transparencia de la OA, Roberto De Michele; fue la de extender la aplicación de la ley a los poderes Legislativo y Judicial.
Por otra parte, surgió la idea de realizar nuevas reuniones para escuchar al Defensor del Pueblo, al Ministerio Público, y a organismos como la Comisión Nacional de Valores, la Fiscalía Nacional de Control Administrativo y la Página Cristal de la Secretaría de la Función Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete).
Aunque aseguran que el resultado de los talleres fue positivo, en el Departamento de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, que encabeza De Michele, informaron a Diariojudicial.com que no imaginaron una discusión tan intensa respecto a la necesidad o no de la ley; sobre todo después de hacer una comparación con el anteproyecto de ley de Lobby (que fue realizado a través del mismo procedimiento de apertura del proyecto a la sociedad a través de la denominada “Elaboración Participada de Normas”), que suponían más polémico.
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Información para todos 4/6/2001