En el escrito señalaron que en esa ocasión se restringió "la libertad de circulación de las personas y del tránsito vehicular y tránsito vehicular y tráfico aéreo por parte de la Policía Federal, Policía Aeronáutica y Gendarmería Nacional, sin razón ni fundamento valedero alguno".
En un tramo de la autopista Richieri, "se encontraba apostado personal de las fuerzas de seguridad, fuertemente armado, en un operativo intimidante de gran magnitud, que impedía el ingreso de los vehículos y personas al aeropuerto".
Al respecto destacaron que "el gobierno Nacional, mediante el operativo, utilizando una metodología propia de la pasada dictadura militar, ocupó con efectivos la zona y en ella dispuso la restricción arbitraria de la libertad de circulación de las personas impidiéndoles el paso, requiriéndoles identificación y justificación de su presencia en el lugar sin motivo alguno".
A raíz de ese dispositivo se "creo un caos tanto en el tráfico terrestre como aéreo, obligando a los pasajeros a descender de sus automóviles y a caminar, trasladando su equipaje varios kilómetros forzosamente a pie".
Asimismo, denunciaron que se "discriminó a quienes pertenecían a Aerolíneas Argentinas, haciéndoles permanecer, pendientes de cumplimiento de su obligación laboral, delante del cordón policial durante largas horas, bajo condiciones humillantes". "este operativo habría sido decidido por el Ministerio del Interior, con presunto objeto de evitar que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas hicieran manifestaciones gremiales dentro del Aeropuerto. La restricción estaba sólo dirigida a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas SA a quienes de ese modo se les impidió acceder a sus puestos de trabajo", indicaron.
Al respecto subrayaron que la conducta descripta "se encuentra tipificada como discriminatoria en el artículo 1 de la ley 23.592" y "se ha vulnerado tanto el articulo 14 de la Constitución Nacional, en lo que hace al derecho de trabajar y transitar, el articulo 16 que consagra la igualad ante la ley como el artículo 19 al privar a los habitantes de sus derechos sin sustento normativo, imponiéndoles las restricciones propias de un estado de sitio".
Denuncia II
Por su parte, una abogada denunció al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Policía Federal y al Ministerio del Interior por las agresiones físicas sufridas por los manifestantes de Aerolíneas Argentinas.
Se trata de Silvia Morales, que además trabaja como tripulante de cabina en Aerolíneas Argentinas y es miembro de la Comisión de Seguridad de la Asociación Argentina de Aeronavegantes , quien denunció al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Policía Federal y al Ministro del Interior Ramón Mestre, por la represión efectuada en las manifestaciones realizadas por los empleados de la línea aérea.
El boicot
A su turno, los sindicalistas Hugo Moyano y Julio Piumato anunciaron “una jornada nacional para el día 20 de junio para profundizar el boicot contra las empresas españolas para salvar a Aerolíneas. La CGT disidente comunicó que “se va a profundizar el boicot contra las empresas del Estado Español para salvar a Aerolíneas Argentinas” y que “el mecanismo del boicot tiende a que quienes vaciaron Aerolíneas Argentinas (SEPI y el Estado Español) pongan a nuestra línea aérea de bandera en las mismas condiciones en que la recibieron”.
“Una vez lograda la reparación , Aerolíneas debe ser nacionalizada para garantizar su funcionamiento y que nuestra bandera y nuestros trabajadores sigan recorriendo el mundo, y nuestra Patria esté comunicada por nuestra decisión nacional”.
“El boicot –usado en los países llamados serios, como España, Canadá y otros- es la herramienta que convierte a cada argentino en protagonista de la lucha para obtener el objetivo común: salvar a Aerolíneas. Frente a la falta de la voluntad de cambio y dignidad de nuestros gobernantes el Pueblo Argentino tiene que marcar el camino”, señalaron.
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