04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

A) ANTICIPO.

 
Fue el que hizo hace unos 6 meses el juez federal de Salta, Abel Cornejo sobre los graves acontecimientos que ocurren en esa provincia y que el gobierno también conocía por las previsiones que venían haciendo tanto la SIDE como la Gendarmería. Es más, hace alrededor de un año en una cantina de la Recolecta, Cornejo le confesó al camarista consejero Bindo Caviglione Fraga, al juez comercial Angel Sala y a este periodista que le preocupaba “in extremo” los informes de la inteligencia policial que le iban llegando a su juzgado por parte de la delegación Salta de la Policía Federal. Por ello se supone que ese grave cuadro de situación no puede ser desconocido por el secretario de Segeuridad Enrique Mathov, de quien nadie sabe si evaluó esos informes con la misma seriedad que lo hizo Cornejo, un hombre que según los que saben, se perfila como futuro integrante del Consejo de la Magistratura. Para muchos no resulta admisible que el responsable de la seguridad interior del país salga a decir muy suelto de cuerpo que los incidentes que comenzaron en Salta, no se sabe donde y cuando terminarán –existen once piquetes con alta capacidad de organización en todo el país- porque al momento de escribir esta columna, se sabe que están aprontados los piquetes de la Matanza, Jujuy y Neuquén prontos a cortar rutas en cualquier momento y adherirse a los piqueteros salteños que responden a la Corriente Clasista y Combativa del Perro Santillán y el Partido de la Liberación, una escición del antiguo Partido Comunista Revolucionario (PCR) de tendencia troskista que siempres se enfrentó al tradicional Partido Comunista (PC). Es más, tanto la SIDE como la Embajada de Estados Unidos en la Argentina tienen informes reservados de la permanente presencia en el país y sus contactos con los piqueteros, de dirigentes y cuadros combativos de las FARC colombianas. Grave, sobre todo por la negligencia oficial y por la intencionalidad de adjudicarle al juez la responsabilidad de la represión, aunque aún no se sabe quienes fueron los autores de la muerte de dos pobladores de General Mosconi, un lugar donde hace más de un año esos mismos piqueteros cobran peaje para circular. Igual que en Colombia.

B) ESPERANZAS. Están forjadas en el juez federal Gabriel Cavallo por parte del mundo político en que terminará cerrando la causa de los supuestos sobronos en el Senado. Lo cierto es que la nueva apertura de cuentas de la SIDE, en realidad fue una “remarke” de la anterior puesta en escena de Carlos Liporaci, el único que al final salió perdiendo porque renunció ante la inminencia de un juicio político por presunto enriquecimiento ilícito. Lo cierto es que casi un año en que la causa la tiene Cavallo, no han surgido pruebas contundentes que prueben la existencia del pago de coimas y el hecho de que sea este mismo Senado quien deba dar el Acuerdo para el próximo camarista federal, han alentado esas esperanzas aunque adornadas con todo tipo de suposiciones. Cavallo está en el segundo lugar de la terna que integran Carlos Magariños, en el primero y Daniel Garrido, en el tercero aunque su parentezco con el ministro de Salud, Héctor Lombardo y su experiencia en la misma Cámara para la cuál concursa, lo han tornado en el rival de mayor peso del juez federal. Claro que Cavallo, como en antaño, cuenta con el apoyo decidido de Luisa Riva Aramayo, una de las integrantes de la Sala I que debe decidir si confirma la falta de mérito que ya dictó Liporaci o por el contrario adhiere al pedido de revocatoria que hicieron los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, con el decidido apoyo del fiscal de Cámara Germán Moldes. Por eso se cree que Riva Aramayo tiene la llave para que Cavallo sea ascendido a camarista y mejorar el destino procesal de 7 senadores –6 del PJ y 1 de la UCR- y evitar que sean indagados el ex presidente provisional del Senado, José Genoud y el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, quien ha vuelto a recobrar protagonismo e influencias ante el mismo Fernando de la Rúa, además de Alberto Flamarique, el ex ministro de Trabajo al que se lo castigó por promocionar la tarjeta Banelco.

C) VINCULACIÓN. Es la que será establecida en el debate de la causa conocida como “armas-carapintadas”, verdadero anticipo de lo que será el juicio por el atentado contra el edificio AMIA-DAIA, que fuera atacado con explosivos el 18 de julio de 1994 y que causara uno de los hechos criminales más graves que azotó al país en su historia –el otro fue el ataque a la Embajada de Israel- causando la muerte de 86 personas y cerca de 200 heridos. Este juicio oral y público que se iniciará el próximo 27 de junio se basa en una investigación conexa que realizó el juez federal Juan José Galeano y que involucra a ex militares del Ejército que simpatizan con el ex coronel Mohamed Alí Seineldín y con el ex jefe del MODIN, Aldo Rico, aunque sus preferencias intelectuales estaban en el diputado de esa agrupación –hoy en manos de Enrique “Quique” Venturino, el verdadero estratega de la asonada riquista de Semana Santa del 87 contra Raúl Alfonsín y alejado totalmente de las prédicas de los dueños originales de ese partido político- Emilio Morello, hoy radicado en el sur. De todos modos los defensores oficiales Eduardo Dromi y Eduardo García que patrocinan a Pacífico Brito, Luis Alberto Ferreyra, Omar Mansilla, Ricardo Villarino, Miguel Angel Lóvera, Carlos Brites y Gilberto Rodriguez, sostienen que no existe conexidad entre ambos casos y que sólo se trataría de una presunta maniobra de distracción para no llegar a los verdaderos culpables de esa masacre. Todos están acusados de asociación ilícita, acopio de armas de guerra y explosivos, que las entregaban a bandas de piratas del asfalto. Es más, se sostiene que quien llevó a Galeano a esta pista fue un ex comisario de Quilmes que se reportaba a Juan José Ribelli, el ex comisario mayor de la bonaerense acusado de ser el proveedor de la Trafic y los explosivos que estallaron en la mutual judía. Sin embargo, Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia –hoy en Inglaterra por una beca de posgrado- sospechan que ambos grupos estaban conectados entre sí y que tienen algún grado de responsabilidad en ese ataque terrorista.

D) DEFENSA. De último momento intentaron los consejeros por el Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura para mantener en la terna que compulsará por el cargo de camarista federal en la Capital. Sin embargo, los esfuerzos de Claudio Kiper, Bindo Caviglione Fraga, Javier Fernández Moores y Margarita Argüelles fueron vanos para colocar en el podio de los seleccionados al juez de instrucción Rimondi. Sus pares políticos –senadores y diputados- impusieron su número y el trío quedó compuesto por Magariños, Cavallo y Garrido quienes, ahora, deberán esperar que Fernando de la Rúa yerga su pulgar y elija al preferido. Como ya el Consejo quitó el “molesto” artículo que imponía armar la terna en función del puntaje obtenido y el nuevo criterio aconseja elegir por orden alfabético “para no presionar al presidente”, la terna quedará formada de la siguiente manera: Cavallo, Garrido y Magariños. De todos modos, el que sea ungido por decisión presidencial deberá esperar que los influyentes senadores de la Comisión de Acuerdos den el sí para consumar el matrimonio. Hasta tanto su suerte estará pendiente del humor de los legisladores, quienes ya se han inclinado en el caso de la vacante del juzgado federal 12, por Sergio Torres, quien además de contar con los buenos augurios de radicales y peronistas, seguramente será bienvenido por sus nuevos vecinos de Comodoro Py 2002.



hugo morales / dju
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