La denuncia para que se investigue la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita fue formulada por el abogado José Luis Fabris y quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Gabriel Cavallo.
El denunciante sostiene que la base jurídica del decreto 648 menciona en su artículo tercero al artículo 6 de la ley 24.156 de Administración Financiera que autoriza al Estado al canje de la deuda "en caso que la nueva deuda emitida, mejore las condiciones respecto de la vieja". Advierte que "de las constancias del canje, nada de ello ocurre, ya que a simple vista se han cambiado títulos cuyo interés era de aproximadamente el 7,5 por ciento anual por otros al 13,5 por ciento anual, esto es un aumento del 6 por ciento".
"Solamente en el peso de los intereses de esta nueva emisión de títulos significa un desembolso adicional de dos mil millones de dólares anuales, que multiplicado por los años de emisión (23) nos da un aumento de la deuda de 46 mil millones de dólares".
Asimismo sostiene que "no hay ley que autorice" al Poder Ejecutivo a aumentar de esa forma y en ese monto la deuda sin tener que dar intervención al Congreso Nacional para que mediante una ley se apruebe la negociación. En tal sentido, el denunciante aseveró que "dicha conducta trasciende la esfera administrativa e ingresa de lleno en la trasgresión a las normas penales" y la emisión del decreto y su posterior aplicación vulnera la ley 21465, "y no puede esgrimirse la teoría de actos políticos no justiciables".
Mediante el decreto en cuestión (648/01) se dio impulso al Megacanje y en el mismo se estableció una serie de bancos privados (Banco Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Central Hispano SA, BBVA Banco Francés SA. Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina SA, JP Morgan Securities INC y Salomon Smith Barney) como colocadores principales y a los creadores de mercado como colocadores de la operación aprobada. Concretamente en el articulo 5 se reconoció como comisión por el canje de la deuda el 0,55 por ciento, distribuidos en la siguiente forma a) hasta 0,275 por ciento a los colocadores principales y b) hasta 0,275 por ciento a los colocadores principales y a los creadores de mercado de acuerdo a la participación de cada uno de ellos en la adjudicación. La denuncia dice no entender cómo el PEN y el Ministerio de Economía llegaron al ese monto de comisiones "ya que no es lo normal en las transacciones financieras, y menos aún es el que pagan los Estados".
"Evidentemente -enfatiza-, detrás de este Megacanje existe una sospecha y aún más hay una certeza, de que existe un acto de corrupción política gigantesco que debe ser investigado". También advierte que "hubo Bancos que pese a tener una participación baja en el canje, recibieron comisiones más altas de la que correspondían", como es el caso del Banco Credit Suisse que representa el denunciado Mulford, que habría acercado menos del 5 por ciento de títulos para el canje y recibió comisión por casi 20 millones de dólares.