En septiembre último Laclau manifestó a distintos medios periodísticos que sus colegas de la Sala habían "cajoneado" causas contra grandes empresas, así como también los responsabilizó por "desviar y demorar expedientes".
Según estos dichos, entre las presuntas firmas beneficiadas se encontraban la petrolera Shell-Texaco, Edesur, Transportes Fournier y Clínica Espora.
Según fuentes seguras del cuerpo, en la reunión a puertas cerradas y a la que sólo tuvieron acceso miembros del Consejo de la Magistratura, Mari Arriaga y Fasciolo se quejaron del funcionamiento de la Cámara, fundamentalmente del atraso que ese Tribunal tiene en dictar sentencias en las causas que allí se tramitan. “Algunas tienen aproximadamente 6 años de morosidad” señaló la fuente. Ambos magistrados admitieron que ese Tribunal “está totalmente colapsado de expedientes”.
Acerca del atraso en los expedientes -6 años-, se supo que de no encontrarse una solución viable al congestionamiento del fuero previsional, los magistrados podrían recaer en “mal desempeño”, debido a que “los expedientes que se tramitan son de carácter urgente”. “Los expedientes son del rango de necesidad alimentaria; por ejemplo hay casos en el que una viuda solicita el otorgamiento de una pensión y otras causas de reajuste alimentario”, se señaló.
Por otra parte, también trascendió que el conflicto dentro de la Sala III sería en primer lugar con el juez Laclau, quien supuestamente se dedica a “grabar a sus pares, en las audiencias, por falta de seguridad”. “Laclau dijo no confiar más en nadie”, manifestó otro vocero.
Después de haber escuchado durante casi 7 horas corridas a los magistrados, la Comisión de Acusación tomaría medidas adicionales de prueba, como llamar a comparecer a empleados de todas las salas de la Cámara y constituir una auditoria para determinar específicamente “el funcionamiento interno de la Sala III”.
La instrucción de esta causa estará a cargo de Carlos Maestro, integrante de la Comisión de Acusación y diputado radical por Chubut.