Asimismo, el Ministerio de Justicia pretende ampliar su relación con las entidades públicas y privadas en los Estados brasileños que ya investigan los casos de tortura.
La creación de esta comisión aparece como una reacción ante la publicación, el 11 de abril pasado, de un estudio de la Organización de las Naciones Unidas donde se destaca que la mayor parte de las torturas llevadas a cabo por la policía con los acusados de algún crimen se concentran en un 90 por ciento entre las capas más pobres de la sociedad y entre las personas de raza negra, que en este país constituyen el 51 por ciento de la población.
Basado en informaciones recogidas el año pasado en el país carioca por el relator de la ONU Nigel Rodley, el documento incorpora testimonios de las víctimas del hacinamiento carcelario.
Rodley presentó 340 casos declarados de tortura en las delegaciones policiales y en las cárceles, y en el estudio afirmó que las autoridades brasileñas "reconocen cándidamente que las condiciones, en este campo, son infrahumanas".
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