El pedido nació luego de que la justicia procesara al consejero senador Carlos Branda -luego sobreseido por la cámara federal-, por una supuesta recepción de dádivas. El 22 de febrero Poder Ciudadano elevó una nota al Consejo para que se analizara esa situación, que fue remitida por la comisión de Labor a la de Reglamentaciones, en vista de que el organismo, que se ocupa de juzgar, suspender y eventualmente remover a los jueces, no tiene un reglamento interno para hacer lo propio con sus integrantes.
De acuerdo a la propuesta de la organización, “aquellos consejeros que sean procesados por la Justicia imputándoseles delitos dolosos, automáticamente serán separados de sus cargos hasta que se resuelvan definitivamente las causas que los involucran”.
Dos meses después, la Comisión aprobó en general un proyecto presentado por el consejero Humberto Quiroga Lavié, donde se decidía suspender a los consejeros acusados de delitos, quedando su aprobación definitiva postergada para la siguiente reunión por la enfermedad de uno de los miembros.
Al tratarse nuevamente el pasado 3 de mayo, el senador Augusto Alasino anunció que presentaría su propio proyecto, por lo que la comisión decidió suspender la aprobación. La postura de Alasino no contemplaba la suspensión por procesamiento y regulaba únicamente la separación cuando existiera sentencia firme condenatoria.
Al ser observado en la sesión su proyecto, Alasino replicó con una pregunta, según comentaron fuentes del Consejo a Diariojudicial.com: “¿si los legisladores pueden seguir ejerciendo sus funciones a pesar de estar procesados, porqué no pueden hacer lo mismo los consejeros?”
El mes pasado, Poder Ciudadano presentó una nueva carta firmada por su director ejecutivo, Carlos March, en la que se hizo una serie de preguntas a los consejeros sobre el tema y que será tratada mañana por la comisión de Reglamentación, que seguirá avanzando en la cuestión.
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