Se trata de una presentación efectuada por Juan Gabriel Labaké, Carlos Traboulsi y Alberto Guerberoff quienes semanas atrás radicaron una denuncia contra el ministro de Economía Domingo Cavallo y el secretario de Finanzas, Daniel Marx por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" a raíz del reciente Megacanje de la deuda del que intervinieron bancos privados extranjeros y entidades crediticias oficiales.
En su presentación de hoy, los denunciantes ampliaron los cargos y pidieron que se investigue el delito de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inciso 5 del Código Penal), a la vez que reclamaron que se apunte a determinar si "eventualmente" existió "enriquecimiento ilícito" o "cohecho" por parte de los responsables.
Por esos presuntos delitos y por haber participado de operaciones anteriores de canjes de títulos de la deuda, ampliaron su denuncia para que se incorpore en la causa a los ex ministros de Economía, Roque Fernández y José Luis Machinea, al ex secretario de Hacienda Pablo Guidotti (canje 1997/98); al ex subsecretario de Financiamiento Miguel Kigel (canje 1997/98), a Mario Vincens (canje 2000) y Julio Dreizzer, ex subsecretario de Financiamiento de la Nación y ex jefe de la Oficina Nacional de Crédito Público (canje 2000).
Los denunciantes se basan en las investigaciones técnicas efectuadas por los economistas Francisco Javier Llorens y Héctor Giuliano, quienes sostienen que los denunciados "habrían contratado los distintos canjes de deuda externa en condiciones sumamente ruinosas para nuestro país, y ocultando, cuando no tergiversando sus datos fundamentales para engañar al resto de los argentinos".
"Se puede afirmar objetivamente que, de haberse conocido la verdad de tales condiciones, nadie hubiera aprobado dichos canjes", sostiene la denuncia por la que reclaman que se investigue también la comisión del delito de "estafa agravada (fraude en perjuicio de alguna administración pública)".
Respecto del canje que concretaron Fernández, Guidotti y Kiguel entre 1997 y 1998, los denunciantes indicaron que se trató de un "irregular proceso" ya que el primero "sin estar facultado en absoluto para ello regló el canje de títulos públicos" pero "al percibir la falla, sin anular o derogar esa resolución suspendió su publicación en el Boletín Oficial, y se dictó el decreto 862 del PEN, autorizando dicha operación".
"Inmediatamente después, el Ministerio de Economía pactó la intermediación del canje, sin licitación pública y en forma directa con los bancos privados extranjeros JP. Morgan And Co, como coordinador general, y con el Morgan Guaranty Trust of New York and London".
Agregan luego que "el hecho de haber efectuado parte de ese canje basado en la ilegal resolución 343/97 fue disimulado, al parecer, haciéndolo aparecer como una compra (rescate) del Estado de bonos Brady, y una venta de nuevos bonos en el mercado", y "recién en diciembre de ese año se sancionó la ley 24.916 que legalizo a posteriori" la mencionada resolución.
Respecto del canje 2000 (en el que intervinieron Machinea, Marx y Dreizzen), la denuncia sostiene que siendo ya presidente Fernando De la Rúa también se concretó una operación de canje de deuda de bonos Brady autorizada mediante las resoluciones 180 y 223, en forma directa y sin licitación pública, contratando con los bancos privados extranjeros Goldman Sachs and Co (coordinador general) J P Morgan & Co, Deutsche Bank, Alex Brow, y Chase Securities INC. En esa operación se canjeraron 3.330,3 millones de bonos Brady, que vencían en el año 2003.
Al respecto, en la presentación judicial se sostiene que "el canje de 2000 también se habría logrado en base a ardides fraudulentos, sin lo cuales nadie lo hubiera aceptado, y vulneraría los tres parámetros exigidos por el artículo 65 de la ley 24.156".
En ese sentido, destacan que es probable que el presidente Fernando de la Rúa haya sido engañado "dada la engorrosa operatoria elucubrada por los denunciados pero, aún así, la envergadura de la maniobra y del daño que se ha causado a la Nación con ella, ameritan nuestra solicitud de que se investigue la real participación y responsabilidad" del actual primer mandatario.