Astiz fue detenido el pasado fin de semana en virtud de un pedido internacional librado por el juez italiano Claudio Tórtora de Italia a raíz del secuestro y posterior desaparición de tres personas de ese origen, que se presume desaparecieron en la Escuela de Mecánica de la Armada, cuando Astiz integraba los grupos de represión en ese centro naval.
La presentación fue suscripta por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia, Madres de Plaza de mayo (Línea Fundadora) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Los presentantes fundaron su pedido en que los “terceros ajenos a la disputa con un justificado interés en el desenlace del pleito (amicus curiae) constituyen un instituto internacionalmente reconocido, que pueden brindar sus opiniones respecto de la temática”.
En el caso particular de la causa por la extradición de Astiz, su participación apuntará- en caso de ser admitida- a establecer la “relación entre la detención provisional del requerido y las normas de derecho penal internacional”, resaltando la “jurisdicción universal por crímenes internacionales y la obligación de todos los Estados de cooperar con la sustanciación de estos procesos”.
Asimismo, intentarán aportar “la interpretación que de esos instrumentos han realizado los diversos tribunales argentinos, en aras de la persecución penal de dichos crímenes”, junto con “los informes producidos tanto por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU”.
Los organismos reclamaron se analice la “correlación que debe existir entre los Tratados Internacionales y el Convenio suscripto entre Italia y la Argentina, ratificado por la ley 23.719”, así como también “la interpretación que debe realizar el gobierno Argentino y la necesaria intervención” que debe otorgar a la juez para la resolución definitiva.
“Existe un especial interés de nuestra parte en el proceso que acaba de iniciarse y en la resolución que se adopte finalmente” en virtud de la necesidad de someter a juicio a los responsables de delitos de lesa humanidad, se expresó en la presentación judicial, a la vez que se precisaba que “a partir de la reforma constitucional de 1994, la incorporación de los Convenios Internacionales de protección de los derechos humanos compromete a la estructura estatal a dar cumplimiento a las obligaciones que de ellos surgen”.
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