B) SORPRENDIÓ. A todos –incluido este periodista que había anticipado el procesamiento de Yoma apenas fue detenido- el fallo de Urso ese jueves porque se esperaba que por razones de elemental derecho a la defensa se le diera al ex funcionario las 48 horas que pidió para defenderse. Es mas, había cierta esperanza en Cúneo Libarona y en Yoma que ello podría ocurrir antes de que Urso tomara una pausa para el almuerzo pero a su regreso entregó un extenso fallo de más de 200 páginas donde la suerte del ex asesor presidencial estaba echada, incluso antes que vaya a declarar porque un escrito de ese volumen no se prepara en dos horas. De allí la “bronca” en el menemismo, acumulada desde el mismo momento en que detuvo a Yoma, y que amenaza con complicar las relaciones en el PJ Capital por la relación del juez con Miguel Ángel Toma. En las cercanías de Carlos Menem, un importante colaborador del ex presidente no tuvo empachos el viernes a la tarde en despotricar contra Urso a quien lo dio como absorbido por el ruckaufismo, llevado de la mano por su ex colega Adolfo Bagnasco, un hombre que juega su destino político a la suerte del gobernador bonaerense. Pese a la negativa de ambos, en la mesa de la conducción del PJ se habla de una comida entre ambos donde se decidió la suerte de Yoma.
C) ESTRATEGIA. Es la que se intenta armonizar desde el menemismo para neutralizar esta embestida político-judicial a la que le atribuyen ir por la cabeza de Menem. Para ello han designado a dos comandantes judiciales en operaciones: Carlos Corach y César Arias. El senador es del entorno presidencial quien mejores relaciones tiene en este momento con el Gobierno y con el partido radical, fundamentalmente con Martín Irurzun pero también es uno de los pocos ex funcionarios que rodean al ex presidente que mantiene diálogos con Hugo Anzorreguy, el ex jefe de la SIDE que hoy sólo tiene un dialogo protocolar y escaso con la casa de la calle Echeverría, convertida en el cuartel general del menemismo. Es que a Anzorreguy se le atribuye haber impulsado la designación de Martín Irurzun como camarista cuando estaba comprometido en el juzgado federal 5 a raíz de la sustracción de más de 30 expedientes que lo ponían al borde del juicio político. El mismo Jorge Casanovas –superior del entonces juez en la Cámara Federal- había impulsado actuaciones sumariales para auditarlo. En esos momentos las relaciones de Irurzun con el gobierno también eran malas por la confusa actuación de su hermano Ignacio en la defensa de Amira Yoma, complicada por el caso de presunto narcotráfico que terminó con la detención del entonces funcionario Mario Caserta. Pero como Martín Irurzun tenía en sus manos la investigación de créditos de origen italiano concedidos al gobierno de Antonio Cafiero que complicaba a funcionarios, además, del menemismo, el juez recibió su ascenso a camarista y se olvidó su juicio político. En tanto la “Tangente” fue cerrada por Norberto Oyarbide, un fiscal federal que fue promovido por sus vinculaciones con la Policía Federal y a quien ahora –se encuentra suspendido por el Senado aunque tiene una causa penal abierta por presunta protección a una red de prostitución masculina- se le podría otorgar una jubilación por invalidez aunque no se especificó cuál es la parte del cuerpo afectada.
D) RELACIONES. Profundas con el radicalismo es la que tiene Irurzun. Por eso desde las cercanías de la defensa de Yoma se cree que este juez, además de ponderar su firme criterio jurídico al igual que sus pares Eduardo Luraschi y Horacio Cattani -en realidad es tanto el respeto que se sostiene que los camaristas saben que no hay argumentos jurídicos de peso para establecer la asociación ilícita pero que ello está motivado por cuestiones políticas- podría revertir la situación procesal de Yoma. El análisis político que se hace es que de continuar la embestida judicial, peligra hasta la propia estabilidad gubernamental sacudida por la crisis económica. Para ello se razona que Menem no vacilaría en arrastrar a Domingo Cavallo, complicando la continuidad del ministro de Economía y su consecuencia letal sobre los mercados. En esa hipótesis de máxima tensión y crisis, creen que se filtra la apuesta de Carlos Ruckauf de pedir elecciones adelantadas o de que se elija vicepresidente junto con los senadores y diputados en Octubre próximo porque –se razona- al gobernador bonaerense se le complica la provincia para llegar impecable hasta el 2003, ya que se encuentra frente a una pesada crisis financiera y con serios de gestión, sobre todo en la Justicia y en la Policía. Ello habría movido a Yoma a hablar con Raúl Alfonsín, a quien le habría preocupado tanto la escalada –además de que la amenaza de Menem es ventilar todas las operaciones de venta de armas del radicalismo- que habría prometido su colaboración. La preocupación es tanta que el abogado radical Arnoldo Klainer le reprochó a Irurzun no haberle anticipado la posible detención de Yoma –el caso, como tantos otros, tomó por sorpresa al gobierno- lo que obligó al juez sacarlo con cajas destempladas. Pero en el fondo, tanto radicales como peronistas saben que con el único a dialogar es con Irurzun, a quien se le pronostican futuros promisorios sobre todo si presenta la renuncia un muy alto funcionario judicial, cuyo alejamiento –no se sabe si como parte de la operación o no- ventiló una de las radios más escuchadas.
E) CONTRABANDO. Es la figura penal más importante que se le ha aplicado a esta causa de la venta de armas al exterior. Sin embargo, dos importantes jueces duchos en este tema le explicaron a esta columna en recoleto almuerzo el viernes pasado, que no se entiende muy bien cómo se detiene y procesa a Yoma por asociación ilícita cuando el principal delito para lo que se habría armado esa asociación ilícita aún no fue confirmado en sede judicial. Se espera que para cuando llegue al tribunal de juicio, se unifiquen todas las instrucciones –la federal y las dos en penal económico- porque podría suceder en caso de ir divididas que no exista el delito para condenar por asociación ilícita. En determinados medios judiciales se habla de la pésima estrategia de defensa que se montó en torno a este caso, ilusionados -quizá- con que los jueces podrían sacarles las papas del fuego. También se cuestiona seriamente la calificación de falsedad ideológica a los decretos que posibilitaron la venta de las armas al exterior como lo acaba de hacer el abogado de Guillermo Etchechoury –ex secretario de Defensa- ante la Cámara Federal Penal porteña. El ex juez Norberto Gilletta considera que esas normas administrativas no se las puede medir como si fuera un acta notarial o si se tratara de una declaración jurada. También se calificó de insólito –en esa comida de jueces- el hecho de que se haga aparecer al presidente y sus ministros conformando una asociación ilícita al reunirse para firmar los decretos, porque cuando se produce esa reunión de gabinete se trata de una razón de Estado y no de un acto individual del presidente o alguno de sus colaboradores.