04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

8 allanamientos 8

En ocho allanamientos, la justicia correccional encontró documentación sobre presuntos gastos excesivos y contrataciones irregulares en la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad.

 
La justicia correccional ordenó hoy casi una decena de allanamientos en dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontró documentación sobre presuntos gastos “innecesarios” en artículos suntuarios en el marco de una investigación por contrataciones irregulares que incluiría falsas licitaciones a través de empresas fantasmas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, organismo que encabeza Abel Fatala.

El fiscal Marcelo Martínez Burgos dispuso siete allanamientos en las oficinas del Gobierno de la Ciudad y al cierre de esta edición aún se estaban realizando otro en las oficinas particulares del jefe de compras del Congreso Nacional, quien estaría implicado en estas maniobras presuntamente ilícitas.

Según adelantaron fuentes judiciales, en las licitaciones se conformaron cuatro empresas integradas por las mismas personas, todas formadas por cuatro ex funcionarios de la Ciudad y actuales empleados del Congreso. Los allanamientos fueron ordenados tras constatarse irregularidades en varias licitaciones convocadas por la Secretaría que tomó un alto nivel de exposición tras las inundaciones que sufrió la Ciudad en los últimos meses.

Otros de los allanamientos se realizaron durante la mañana en la Dirección General de Administración, en la Subsecretaría a cargo de Pedro Calvo, en la Dirección de Compras y en la Tesorería.

Los instructores habrían comprado alfombras por un valor de 200 pesos el metro cuadrado; puertas por 3390 pesos, una lujosa ventana con marco de caoba con doble vidrio que alcanzó los 3500 pesos, muebles de roble de Eslavonia y cinco televisores.

Para los investigadores los precios exorbitantes y las contrataciones directas podrían hacer incurrir a los responsables en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y defraudación. Por otra parte, se encontraron también facturas falsas, que podrían constituir algún otro delito.

Entre las cuatro empresas postuladas para hacerse cargo de las contrataciones, existían ofertas con muy poca diferencia en los precios y los presupuestos entregados “estaban escritos hasta con los mismo errores ortográficos”, según advirtieron fuentes allegadas a la instrucción.

La denuncia que originó estas investigaciones fue promovida por una vecina del barrio de Belgrano, que tras fracasar en su gestión para que el Gobierno porteño la indemnizara por los daños que le causó la última gran inundación a mediados de enero, alertó sobre el despropósito de gastar presupuesto en refacciones de inmuebles.



dju / dju
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