Así trascendió hoy de fuentes del Alto Tribunal quienes consideraron que la actitud adoptada constituye "un aporte que la Justicia realiza, contribuyendo también a paliar la situación de emergencia que vive el país".
La decisión se conoció un día después que la Corte resolviera, mediante la Acordada 16/01, la "inmediata adopción de medidas de ahorro en materia de gastos de administración" e instruyera su ejecución.
El Congreso había dado sanción a una ley por la cual se expropiaba un inmueble de 702 metros cuadrados ubicado en Lavalle 1429, en la zona de Tribunales en esta capital, destinado a solucionar el eterno problema de la falta de espacio para archivar expedientes acumulados durante décadas.
Pero la norma establecía además que "el gasto que demande el cumplimiento" de las tareas de acondicionamiento para esa función y de remodelación debía ser atendido por el Poder Ejecutivo, que terminó vetándola al sostener que el Presupuesto Nacional "no contiene previsiones crediticias" para ese efecto.
La adopción de esa medida quedó plasmada en un decreto del 17 de julio pasado, que lleva la firma del presidente Fernando de la Rúa; el jefe de Gabinete, Crhystian Colombo; el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos y el de Economía Domingo Cavallo, mediante el cual se "observó" la ley.
Al fundar su decisión el Ejecutivo invocó las medidas de "austeridad" en torno al gasto público que se vienen adoptando para paliar la crisis económica y recordó que la Ley de Administración Financiera establece que todo incremento presupuestario "debe prever el financiamiento respectivo" con lo que dejó virtualmente sin efecto la expropiación y la cesión del edificio.
Voceros autorizados de la Corte sostuvieron que la justicia no insistirá en el reclamo, al menos por ahora, "en atención a las rigurosas medidas de austeridad presupuestaria que se deben adoptar", a la vez que reiteraron "la importancia que reviste para el Poder Judicial obtener un edificio para el Archivo".
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