01 de Julio de 2024
Edición 6996 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 02/07/2024

A) EXPLOSIVA.

 
Es la investigación que lleva adelante el eficiente fiscal Guillermo Marijuán sobre jubilaciones truchas del Banco de La Rioja. El fiscal tiene decidido pedir la indagatoria de unas 150 personas y el anuncio lo hará este martes, con lo que se complicará la situación judicial de una nada despreciable cantidad de políticos e influyentes del gobierno provincial, comenzando por allegados del gobernador Angel Maza y de la familia Menem, incluida Zulemita. El caso amenaza con convertirse en todo un escándalo judicial donde se investiga un fraude al ANSSeS por más de $ 9 millones para esta primera parte, que arranca con unos 200 involucrados, pero de los que se presupone aumentará rápidamente, ya que los beneficiados por estas maniobras ascenderían a 750, entre los que se cuentan personas demasiado jóvenes que seguramente se prestaron a maniobras de jubilación por el sólo hecho de ser amante, novio/a o allegado de influyentes políticos o sus hijos. Entre los nombres que han trascendido figuran el de una mujer Castro de Menem (esposa de un sobrino de Carlos y Eduardo Menem), Gladys Susana Maza (familiar del gobernador) Edgar Romero Chacón (profesor de tenis y amigo personal de Zulemita Menem), David Millicay (ex jugador de futbol profesional y a las que se agregaron la hermana de un conocido fiscal de cámara porteño y una ex diputada nacional; todos ellos cobran jubilaciones superiores a los $ 1.200. Pero las ramificaciones no se detienen allí sino que las pruebas apuntan contra ex policías riojanos, directores del ex Banco de la Provincia e importantes asesores del actual gobierno riojano.

B) TERRORISMO. Es que lo que se quiere hacer contra Marijuán desde este poder en la sombras que ha merecido la preocupación de importantes estratos del gobierno nacional al parecer dispuestos a bancar al fiscal, quien con pruebas y documentación en la mano está dispuesto llegar hasta el hueso. Hasta ahora, no lo ha apabullado el tiroteo en las cercanías de la avenida Constituyentes antes de ingresar a la Capital Federal contra el auto escolta del camión que trajo toda la prueba desde La Rioja y eso, que el rodado estaba protegido por 3 entrenados agentes de la DUIA (División de Unidad Antiterrorista que dirige el comisario Jorge “Fino” Palacios, un peso pesado de la Federal). Tampoco lo amedrentó la macabra amenaza de mandarle un ataúd en miniatura con un esqueleto de plástico y una foto suya con toda la intención de “pararlo” en su investigación. Pero la intimidación, a la que le precedieron y le siguieron las clásicas y estúpidas llamadas a la familia –Marijuán tiene una hija pequeña- actuó como boomerang: el Procurador Adjunto Luis González Warcalde resolvió comprometer en la investigación a todos los fiscales federales; los agentes de Palacios que investigaron el ataque contra la AMIA se abroquelaron en torno del fiscal y la SIDE –se reunirá esta semana con Carlos Becerra- tomará también cartas en el asunto.

C) RABIOSO. Así se lo veía a Juan José Galeano en el ocaso de la semana que pasó, pero no precisamente por las duras críticas –se ha juramentado no salir a contestarlas- que recibió en el acto por el aniversario del atentado al edificio AMIA-DAIA . Es que tras comprobar que en diversos medios se daba a conocer la verdadera identidad del estratégico testigo “C”, el juez se dio cuenta que hasta corría peligro el trabajoso acuerdo que se había logrado con la justicia y el gobierno alemán, ya que una de las condiciones por las que se abría la información a la justicia argentina era la de mantener en absoluto secreto el nombre del iraní arrepentido. Seguramente en las próximas horas hará una presentación judicial para que otro juez investigue el origen de esta perniciosa filtración. El sigue confiando en sus colaboradores -salvo el caso de su ex prosecretario Claudio Lifchitz, procesado por Urso por violación de secretos en la misma causa-. Pero esa confianza parece no querer extenderla hacia los funcionarios/as de otros poderes que colaboran con la investigación y hacia donde el juez enfila parte de sus sospechas.

D) SOBORNO. ¿Vos querés que te dé 50 mil dólares para que dejes de investigar? Esta sugestiva propuesta fue revelada en la revista de Lanata por el periodista de Clarín, Daniel Santoro. Allí explica que fue destinatario de un interesado ofrecimiento hecho por “uno de los abogados de Palleros”, el intermediario de la venta de armas que terminaron en Croacia y Ecuador y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia argentina y con una extradición pendiente desde Sudáfrica. Más allá de la comprometedora afirmación para con el abogado del ex militar, lo cierto es que este antecedente se da de bruces con la estrategia de la misma defensa de Palleros, que pretendió mostrarlo como el “chivo expiatorio” del affaire por el contrabando de armas. Abogados del foro local en plena sesión de café mañanero, se preguntaban este último viernes si el tribunal de ética del Colegio Público que preside Atilio Alterini le preguntará al periodista quien es el abogado coimeador.

E) ACUMULACION. Es el pivot de la estrategia actual de Oscar Roger, el abogado de Menem. Es que tras la fuerte movida que produjo la cámara en lo penal económico en la causa por contrabando de pólvora, el abogado cordobés sabe que con el seguro viaje a lo del juez Speroni para la inminente indagatoria que se avecina, a su cliente se le duplican los problemas. Curiosa coincidencia con el fiscal del juicio oral de penal económico, Gustavo Bruzzone, que semanas atrás proponía la misma estrategia procesal, afirmando que al haber asociación ilícita en federal, allí debían aglutinarse todas las investigaciones por el tema armas, en un razonamiento similar al que formulara un juez de su mismo fuero tres años atrás. Mientras tanto –el proceso de acumulación de causas siempre lleva tiempo-, el fiscal prepara su juicio: el último día antes de la feria le indicó a la fiscal Alicia Sustaita que actúa en el expediente de Speroni, que promueva la citación a prestar declaración indagatoria de todos los que firmaron los decretos de venta de armas, inclusive la del ex y actual ministro de Economía, Domingo Cavallo.



hugo morales / dju
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