Con la firma de los nueve ministros -en una decisión anterior a la feria que fue conocida hoy- la Corte hizo suyo el dictamen del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, quien consideró que el máximo Tribunal "ha prevenido que cuando se imputa la comisión de un delito doloso a un agente diplomático corresponde la competencia originaria de la Corte".
El artículo 117 de la Constitución dispone que la Corte Suprema "ejercerá la originaria y exclusivamente" su jurisdicción "en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros".
El Máximo Tribunal investigará entonces si Goiburu es responsable de la posible comisión de los delitos de coacción en concurso real con el de cohecho, amenaza de muerte y asociación ilícita.
La causa fue iniciada por Luis Alberto Rojas, uno de los ciudadanos paraguayos imputados en el asesinato del ex vicepresidente de ese país y de su guardaespaldas, ocurrido el 23 de marzo de 1999. El denunciante dijo que cuando se encontraba detenido en el Departamento Central de la Policía Federal a la espera del pedido de extradición, fue entrevistado por el cónsul.
En esa reunión, según surge de la declaración de Rojas en el expediente, el cónsul le habría manifestado que "en cumplimiento de directivas recibidas" por el juez de ese país Jorge Enrique Bogarín González, lo quería convencer de que accediera a su solicitud de extradición prometiéndole que no sería víctima de "vejámenes o torturas".
De acuerdo con la denuncia, el funcionario también le habría prometido "bienestar y protección a su familia y un millón de dólares" para que "asumiera su culpa" en el crimen de Argaña junto al otro paraguayo imputado en el asesinato, Fidencio Vega Barros.
Según Gómez, el cónsul se mostró molesto porque no accedía a sus reclamos y le advirtió que "la situación en Paraguay está bastante pesada", por lo que si no se decidía a volver hacia Asunción lo vendrían a buscar a él.