El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia cuyana, Leopoldo Orquín, aseguró ante la Legislatura que “la feria judicial de invierno ha sido eliminada tal como se la conocía”, al presentar ante ese cuerpo legislativo el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil.
El funcionario sostuvo que a partir del año próximo, la tradicional feria de julio será un premio exclusivo para los magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial que alcancen en su trabajo ciertos índices de productividad, que establecerá la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y quienes no cumplan con las metas fijadas deberán presentarse en sus puestos y terminar tareas atrasadas.
En medio de la movida provocada por el ajuste en la Administración pública provincial que alcanzaría los 88 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento aproximadamente se obtendría mediante la reducción salarial de los agentes estatales, Orquín es uno de los funcionarios del gobierno que se muestra partidario de que los jueces reduzcan también sus sueldos.
De acuerdo a la iniciativa de la cartera de Justicia provincial, antes del 1 de marzo de cada año el Tribunal Superior dispondrá, en decisión fundada, la realización de una feria judicial de 10 días hábiles entre el 10 y el 31 de julio y “deberá establecer, en forma anual, las metas o estándares de trabajo a alcanzar, cuyo cumplimiento debe ser verificado a través de indicadores objetivos de gestión judicial y administrativa”, según el texto. Para hacer una evaluación cuantitativa de la gestión judicial se tendrá en cuenta el número de causas resueltas, en tanto que para medir la calidad del trabajo en los juzgados se verificará la cantidad de sentencias revocadas en instancias superiores.
Esto último es un criterio peligroso, aseguran fuentes consultadas por Diariojudicial.com porque “si para considerarse eficientes los jueces deben evitar que les revoquen sus sentencias, muchos van a atenerse ciegamente a la jurisprudencia de las Cámaras, con lo que se limita seriamente la innovación en materia de soluciones judiciales”.
También se considerará la duración de los tiempos procesales, pleitos penales, laborales y civiles y de las licencias de los funcionarios y magistrados.
Esta será la primera experiencia a nivel nacional por la cual se verificarán las condiciones de productividad de un Poder Judicial provincial .