El magistrado hizo lugar de esta manera al dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien encabeza la instrucción por delegación (de acuerdo al artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación) y que por esta causa fue amenazado de muerte. Marijuán recolecta pruebas para efectuar su acusación por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, adulteración de documentos y uso de documentación falsa en el otorgamiento de 747 jubilaciones truchas.
Según presume el fiscal, existen beneficiarios de estas jubilaciones sin haber trabajado en la entidad o con menos tiempo de aporte del que designa la ley. La extensa lista de jubilaciones irregulares está plagada de ex funcionarios y de familiares de ellos, entre ellos está la diputada justicialista Marta Rivadeira y el profesor de tenis de Zulamita Menem, Edgar Romero Chacón.
Además declaró hoy ante Marijuán José Jacinto Ponce, un jubilado arrepentido que se presentó anoche en un programa de televisión. Ante el fiscal, Ponce reconoció que nunca trabajó en la entidad bancaria y que Diego Álvarez, Asesor General del Gobierno provincial, le tramitó una jubilación de 800 pesos a cambio de su voto en las elecciones presidenciales de 1999. Ponce, un albañil de la localidad de Olta, La Rioja, acusó además al gobernador de la provincia, Ángel Maza, de estar vinculado en la entrega de los beneficios.
Por otra parte, surge del expediente que existiría adulteración en la firma de tres ex directores del Banco: se trata de Luis María Sosa, Francisco Valdez y Carlos Giúdice, quienes aseguraron nunca haber firmado para que las jubilaciones fueran otorgadas.
Entre los casos emblemáticos de la entrega de estas jubilaciones se encuentra el de Pedro Páez, quien cobra desde hace cinco años 5927 pesos, que implicaría una suma desde entonces de 312 mil pesos. Marijuán solicitó el apoyo de la Corte Suprema y de la Procuración General de la Nación para que le cedieran un espacio donde guardar la abundante información recolectada en el expediente.
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