En la presentación se solicitó que se intimé a que en un plazo máximo de 60 días se les tome juramento a los jueces designados y que el citado tribunal comience a funcionar.
Según la Constitución Provincial, el fuero contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires debía entrar en funciones antes del 1 de octubre de 1997. Luego de los concursos realizados por el Consejo de la Magistratura bonaerense, el Poder Ejecutivo local, en diciembre de 1999 dictó los decretos designando a los jueces, cuando todavía era gobernador Eduardo Duhalde. Sin embargo, el fuero nunca llegó a implementarse.
La presentación del Colegio de Abogados fue admitida por el presidente del Tribunal de Casación Federico Domínguez, quien dio traslado a la Sala I, a cargo de la feria judicial, integrada por los camaristas Horacio Piombo, Carlos Natiello y Carlos Mahiques, quienes resolvieron pedir informes a la Suprema Corte, a la Legislatura y al Poder Ejecutivo bonaerenses, "acerca del cumplimiento" en cada una de esferas de "los requisitos constitucionales exigidos para la instalación e implementación del fuero contencioso administrativo de esta Provincia".
Hasta tanto no se implemente el fuero contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, esta materia es de competencia originaria de la Suprema Corte provincial, donde se acumulan dos mil causas de esa naturaleza.
En declaraciones a Diariojudicial.com, el Dr. Luis Federico Arias, uno de los jueces designados para actuar en el contencioso administrativo bonaerense, sostuvo que "el fuero no sale por una decisión política del actual gobernador, que es acompañada por la Suprema Corte. Nunca hubo explicaciones, nunca se nos informó directamente por que se suspendían las fechas en que íbamos a jurar el cargo. Hubo tres fechas tentativas de jura. Existen rumores y versiones extraoficiales, pero nunca hubo respuesta ni del Poder Ejecutivo ni de la Corte." Otros magistrados coinciden con su postura. Tal es el caso del juez en lo contencioso administrativo Abelardo Servin, quien expresó a este medio que “la instrumentación del fuero contencioso no es una cuestión discrecional, ni de mérito o conveniencia, que quede librado a la decisión de los poderes políticos.”
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