Galeano adoptó esa resolución a raíz de un pedido de inhibitoria que formuló ante el juzgado federal 10 - por entonces a cargo de Gustavo Literas- el apoderado del Partido Justicialista, César Arias, en el que advirtió que Menem ya había sido investigado por ese delito por un tribunal de La Rioja.
Urso había dispuesto, luego del procesamiento del ex mandatario, una serie de medidas tendientes a establecer la situación patrimonial de los familiares directos de Menem, entre ellos sus hermanos y su hija Zulema María Eva, en el marco de las investigaciones por la llamada "ruta del dinero", que había sugerido la Sala Segunda de la Cámara Federal el 4 de abril pasado.
En su presentación, Arias sostuvo que las investigaciones que llevaba a cabo Urso y la causa en manos de Galeano poseían "un mismo objeto procesal" y que al tener estas actuaciones una fecha de inicio anterior debía solicitarse su remisión al magistrado que investiga la causa por la venta ilegal de armas.
En esta última causa, el fiscal Carlos Stornelli le solicitó a Urso que se amplíe el objeto procesal por el delito de "enriquecimiento ilícito" de Menem y del de "todas aquellas personas que de una manera u otra aparecieran involucradas".
Ante ese planteo, el juez Galeano dio intervención al fiscal de la causa Oscar Amirante quien sostuvo en un dictamen que si bien en un principio aparecería "una similitud de objeto procesal entre una y otra investigación" los delitos investigados por Urso "son de aquellos que claramente producen en el patrimonio del autor un aumento ilegal, ya sea por el cobro de comisiones y otros mecanismos".
De ese modo la figura de enriquecimiento ilícito, en opinión del fiscal, opera en forma residual cuando no se puede probar el delito principal, "que hace que el patrimonio del sujeto activo aumente en desmedro del sujeto pasivo", al concluir que la investigación que lleva adelante Urso "se encuentra orientada hacia la denominada ruta del dinero" y por lo tanto no existe superposición de objeto procesal.
De ese modo, el fiscal Amirante se pronunció porque ambos juzgados se mantuvieran dentro de su "potestad jurisdiccional" en ambos expedientes.
Al resolver la cuestión planteada por Arias, Galeano tuvo en cuenta lo dictaminado por el fiscal Stornelli, quien en un reciente pronunciamiento recordó que él había pedido que se lo investigara a Menem por enriquecimiento ilícito a partir "del 7 de mayo de 1996".
Galeano, entre otras consideraciones, sostuvo que en los dos juzgados se tramitan causas con idéntico objeto procesal, y que en la causa que instruye Urso se investiga el "destino del dinero que se habría originado" por la venta de las armas.
El magistrado entendió que "continuar con el trámite de ambas causas, en forma paralela, significaría consentir una evidente violación al principio de prohibición de doble juzgamiento, por lo que corresponde unificar" en jurisdicción de un solo juez dichas investigaciones. Asimismo, sostiene que el llamado "non bis in idem" es una garantía individual que prohíbe una doble persecución judicial por un mismo hecho, por lo que, además, "la existencia de dos investigaciones en forma paralela implica una duplicidad de esfuerzos que en razón de la economía procesal y las garantías del imputado es necesario evitar.”
Por último concluyó que "tratándose del mismo hecho y en consecuencia tener previsto la misma escala penal, haberse cometido en el mismo tiempo y no habiéndose detenido al imputado en orden al delito, corresponde que sea aquel juez que primero haya prevenido", en este caso Urso, ya que las medidas ordenadas en base al pedido originario de Stornelli datan de 1996, y que fueron cumplimentadas el año pasado.
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Por las dudas 5/7/2001