La defensora denunció a los camaristas por los presuntos delitos de supresión de documento público y falsedad ideológica. La denuncia recayó ante el juzgado federal en lo criminal y Correccional de San Isidro número 2 a cargo del juez Conrado Bergesio pero, por razones de turno, la causa pasó luego al juzgado número 1 a cargo de Roberto Marquevich. Al tomar conocimiento del caso, Gersenobitz pidió la actuación de la Comisión de Acusación.
León, defensora oficial de Rojas, a quien los camaristas le aplicaron una pena de cuatro años y tres meses de prisión por tenencia y comercialización de cocaína, denunció a los magistrados por haber recibido, al notificarse, una copia de la sentencia con un fundamento distinto a la que quedó en el expediente.
El fiscal Pedro García había solicitado una pena de cuatro años para el imputado, pero la defensora interpuso un recurso de casación pidiendo la nulidad de todo lo actuado al tiempo que se quejó por los argumentos “contradictorios de los jueces en la sentencia” y además porque “no explicaban la razón de haber impuesto una condena mayor a la solicitada por el fiscal”. Por su parte el juez Marquevich ordenó allanar el Tribunal para analizar la documentación de las computadoras del mismo y comprobar si la sentencia fue o no modificada.