Los consejeros reunidos en sesión plenaria decidieron establecer un presupuesto de 794 millones de pesos, mayor al del año pasado y elevado en 300 millones respecto de la sugerencia que mandó el Ministerio de Economía.
El recorte que hará el Máximo Tribunal, según confirmaron varias fuentes a este medio, es coherente con el segundo párrafo de la resolución que firmaron el Administrador General de la Corte, Nicolás Reyes, y la Administradora General del Poder Judicial, Cristina Akmentins. Allí sostuvieron que a pesar de las demandas “crónicamente insatisfechas” hay que tener en cuenta “el contexto de crisis de todo el sector público”.
Un ajuste en el presupuesto elaborado por la Comisión de Administración no sólo dejará un poco más tranquilos a quienes presionan desde la cartera que encabeza Domingo Cavallo, sino que también operará como una noticia que podría mejorar la golpeada imagen de la Corte ante la opinión pública, luego de la resistencia en defensa de la cláusula de intangibilidad de los salarios.
De esta forma, especulan quienes caminan por los fríos pasillos del cuarto piso del palacio de tribunales, Julio Nazareno y sus pares habrán ganado una doble batalla: la interna, luego de recibir el apoyo de los magistrados y empleados judiciales hace ocho días, y la externa, ante los medios de comunicación y la opinión pública.
En la resolución que firmaron, Reyes y Akmentins delegaron el recorte en los distintos tribunales, al menos hasta el próximo 31 de agosto, cuando ellos mismos tomarán la tijera si los resultados no aparecen. La “revisión integral” que les fue encomendada, “es sólo posible con la participación de cada unidad de organización –magistrados, funcionarios y empleados- que conocen detalladamente las necesidades y se encuentran en condiciones de efectuar una revisión descentralizada de su funcionamiento, desechando el gasto prescindible e incorporando métodos de trabajo que simplifiquen tareas preservando el normal desenvolvimiento y calidad del servicio”, según ellos mismo resolvieron. Otro de los conceptos que enviaron los administradores a los jueces y demás integrantes del Poder Judicial es el de “observar y fiscalizar los procedimientos que aseguren la percepción estricta y oportuna de recursos genuinos”.
Los primeros en llegar
La primera reacción a los pedidos de esfuerzo en el ámbito del poder Judicial la dio la Cámara Nacional Electoral, renovada por las incorporaciones de Santiago Corcuera y de Alberto Dalla Vía, que ahora acompañan a Rodolfo Munné. Los magistrados acordaron que el presidente del tribunal sólo podrá autorizar gastos y horas extras hasta la suma de 500 pesos, y toda erogación que supere esa suma deberá ser autorizada por el cuerpo en su conjunto.
La Cámara además exhortó a los jueces federales con competencia electoral a adoptar medidas análogas, aunque aclaró que la restricción en los gastos debe realizarse “sin perder de vista la necesidad de mantener las erogaciones imprescindibles en pos de asegurar el cumplimiento de las funciones esenciales, en particular visto el próximo comicio nacional que habrá de celebrarse” el próximo 14 de octubre.