"Algunas rogatorias judiciales que se hicieron desde Argentina están mal hechas a propósito", sostuvo Gutiérrez, quien explicó que esos pedidos se dan ante la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y que al no existir esa figura típica en los códigos penales de los países requeridos, las solicitudes podrían ser rechazadas. "Tienen que buscar una figura penal de ese país compatible con la figura penal de la Argentina", advirtió el diputado, al tiempo que dedujo que los posibles errores demorarían las investigaciones ya que los exhortos podrían ser rechazados.
Lo que no pudo establecerse es si la postura de Gutiérrez era compartida por el resto de los miembros de la Comisión o era tan sólo una apreciación personal. En tanto, en el edificio de Comodoro Py, donde tienen su asiento los juzgados federales, altas fuentes consultadas por Diariojudicial.com calificaron como "absolutamente infundada" la acusación, señalando que los jueces "mostraron sobradamente" su total predisposición ante la cooperación requerida por los integrantes de la Comisión. Las fuentes consultadas puntualizaron también que "durante los últimos meses se pudo constatar la colaboración de la justicia suiza", señalando en especial el puente de información que se estableció en su momento con la entonces fiscal Carla del Ponte.
Urso investiga si Menem y su ex secretario privado, Ramón Hernández, son propietarios de una empresa fantasma por un valor que superaría los 24 millones de dólares, mientras que Cavallo trata de determinar si Alberto Kohan es el titular de otra empresa con fondos por más de 40 millones, en consonancia con las explosivas denuncias de la diputada Elisa Carrió.
Por otra parte, Suiza y Estados Unidos anunciaron oficialmente su intención de colaborar en la investigación que llevan adelante los jueces argentinos, en base a documentación aportada por la Comisión parlamentaria.