La primera versión de la intención de los legisladores del partido oficialista fue publicada en el periódico The Washington Post y aún no ha sido desmentida. El proyecto de norma no sólo rechaza que la Corte Penal pueda encausar a estadounidenses, sino que además impediría que el gobierno de George W. Bush pudiera prestar ayuda militar a todo país ajeno a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que ratificara el Estatuto de Roma con el que se creó la CPI, que comenzará a funcionar una vez que 60 de los 120 países firmantes depositen en la Secretaría General de la ONU el instrumento de ratificación.
De acuerdo al proyecto de ley que impulsan los republicanos, pero que además apoyan más de 70 demócratas, quedaría prohibido que tropas estadounidenses participen en misiones de paz de la ONU si no se les concede inmunidad expresa frente a la jurisdicción del Tribunal. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos estaría autorizado a utilizar la fuerza para liberar a todo estadounidense, o ciudadano de un país aliado, que fuera detenido por orden de la CPI, que tendrá su sede en la Haya, Holanda.
De todas formas, oponerse a la Corte en los duros términos de la ley no parece una opción viable políticamente, cuando faltan pocas semanas para que Bush realice su primer discurso ante la Asamblea General del organismo mundial (a fines de septiembre). Luego de negociaciones que pusieron en jaque la propia operativa de la ONU durante el año pasado, Estados Unidos se comprometió a pagar una deuda de mil millones de dólares, y la mitad de ella deberá ser cancelada durante este año.
En el caso de que Estados Unidos decida desvincularse del Estatuto de Roma, que firmó durante lo últimos días de mandato del ex presidente Bill Clinton, se provocará un conflicto técnico propio del derecho internacional público. Para acogerse a la cláusula de salida que prevé el tratado, hace falta firmarlo, un paso que aún no dio el estado norteamericano. Por otro lado, los jefes de Estado y Gobierno que participaron del Grupo de Río en Chile la semana pasada -entre ellos el presidente argentino Fernando de la Rúa- emitieron un documento denominado "declaración de Santiago", que en su punto décimo dejó sentada la intención de apoyar políticamente el proceso de ratificación del Tratado.
Los 19 países latinoamericanos que integran el Grupo de Río dejaron expreso que "en la perspectiva de reforzar el respeto irrestricto de los derechos humanos en el mundo, manifestamos nuestro más amplio apoyo al Tribunal Penal Internacional y nos comprometemos a realizar los esfuerzos necesarios destinados a promover la adhesión universal de su Estatuto, a fin de que dicho Tribunal pueda entrar en funciones en el más breve plazo. Asimismo, exhortamos a que la comunidad internacional amplíe su colaboración en la ubicación y juzgamiento de los imputados de crímenes de lesa humanidad de acuerdo a diversos instrumentos internacionales".