Los miembros del Superior Tribunal Víctor Sodero Nievas, Luis Alfredo Lutz y Alberto Italo Balladini dictaron 4 resoluciones referidas al ajuste. En la número 369 dispusieron en base a la contribución establecida por el artículo 1º del Decreto Ley número 10/2001 del Poder Ejecutivo que “se computará como crédito dentro del presupuesto del Poder Judicial y hasta la finalización del ejercicio presupuestario alícuotas de 11,25 por ciento para los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General; 10,75 por ciento para los restantes magistrados y funcionarios del Poder Judicial”
Asimismo en la resolución número 370 del Alto Tribunal se dispone que en el rubro personal en su parte pertinente aplicable al personal escalafonado, y funcionarios de Ley que han sido alcanzados por lo establecido en la Acordada 39/00, “se readecuará aplicando una reducción porcentual del 5,75 por ciento sobre los salarios devengados”.
El presidente del Superior Tribunal, Sodero Nievas, exhortó a los titulares de organismos judiciales a informar a la Secretaría de Superintendencia a través de los Tribunales Colegiados de Superintendencia General de cada circunscripción sobre la acreditación del cumplimiento del informe semanal; la existencia o inexistencia de anomalías del servicio, atrasos en el despacho u otras infracciones. Esta medida fue dispuesta tras las manifestaciones gremiales de las últimas semanas en las que, según la resolución se han efectuado dentro de edificios del Poder Judicial daños en columnas y pasamanos de los edificios judiciales en las localidades de Viedma y San Carlos de Bariloche. Además “la exteriorización de situaciones de escándalo y agravios verbales ha causado un profundo malestar a los abogados o agentes judiciales que no se adhirieron a la protesta”.
En Río Negro el Superior Tribunal había comenzado un diálogo con los magistrados para recortar los medios aguinaldos, medida que estaba por implementarse luego de intensas negociaciones con los jueces de las tres circunscripciones (Viedma, Bariloche y General Roca) pero un decreto del Poder Ejecutivo provincial echó por tierra esas mediaciones provocando un rotundo rechazo a la poda de salarios incluidos los aguinaldos.
A pesar de la adhesión de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia rionegrino, fuentes cercanas a esos estrados no descartan que más tarde “lluevan pedidos de inconstitucionalida”, respecto del decreto del Ejecutivo, admitió una fuente. El punto principal es que el recorte del 12 por ciento se hizo sin el visto bueno de los magistrados que primero fue impulsado por el Gobierno provincial y luego avalado por el Máximo Tribunal de Justicia.
Para demostrar su descontento, los magistrados rionegrinos firmaron un documento en rechazo de los recortes salariales, que fue impulsado por la Federación de la Magistratura junto a colegas de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Salta, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida Argentina y Tucumán.
El documento señala entre otras cosas que “sin ser ajenos a la emergencia, no podemos permitir ningún avance de cualquier poder político o económico sobre la independencia de los poderes judiciales de la Nación y de las provincias” y que “debe respetarse en forma íntegra e irrestricta la vigencia de las garantías y derechos constitucionales, no convalidado su violación, suspensión o modificación bajo el argumento de la crisis”.
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