El juez del fuero contencioso administrativo federal Sergio Fernández decidió rechazar “in limine” el recurso al alegar que los hechos denunciados no generan “vulneración, afectación, agravio o menoscabo a derecho alguno de los habitantes de la Nación”, que tampoco se encuentra en juego “la integridad territorial o la soberanía”, y que no se estarían cumpliendo los dos requisitos que exige la ley para que proceda un amparo: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
“Toda vez que los representantes no alegan la violación de un derecho o interés propio al cual el ordenamiento jurídico confiera protección jurisdiccional cabe concluir en la inexistencia de un caso judicial”, sostuvo Fernández en su resolución.
La AAJ, que encabeza el ex fiscal Nacional de Investigaciones administrativas Ricardo Molinas, había solicitado la nulidad e inconstitucionalidad de la disposición del presidente Fernando de la Rúa de permitir el ingreso de fuerzas militares de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay para realizar maniobras conjuntas bajo la dirección de Estados Unidos, argumentando que el decreto que autorizó los entrenamientos no había sido ratificado por el Poder Legislativo.
Al estallar la polémica, que generó situaciones de conflicto en el seno de las cámaras legislativas, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, se defendió al explicar que el proyecto Cabañas 2001 es un ejercicio militar que simula una operación de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y apunta al entrenamiento de las fuerzas armadas de la región en un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales.
Los actores basaban su reclamo en el inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que define como atribución del Congreso Nacional “permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él”.
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