La vinculación de Brusa con actos de represión se ventiló en el Senado hace tres años, pero en marzo del año pasado fue destituido por el Jury de Enjuiciamiento por haber intervenido en una causa en su contra que se ventilaba en la Justicia santafesina, y en la que estaba acusado de haber atropellado con su lancha en la Laguna Setubal de esa provincia a una persona a la que abandonó.
El nombre de Brusa fue mencionado por testigos que aseguran haberlo visto en sesiones de torturas a detenidos políticos durante la represión ilegal en los años "70.
Según se pudo saber, además de Brusa también figura en la nómina una mujer policía acusada de haber participado en las sesiones de tortura, pero su nombre no fue revelado a pedido del propio juez Gabriel Cavallo, quien dio instrucciones en ese sentido a su juzgado desde Madrid, donde se encuentra dando una serie de conferencias invitado a partir de la trascendencia internacional que tuvo su declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El magistrado adoptó esa decisión en la sospecha de que la trascendencia pública de la nómina podría alertar a los imputados y facilitar su fuga.
De acuerdo con las mismas fuentes, se trataría de ex militares y civiles que integraron grupos de tareas que actuaron en Santa Fe, cuando ocupaba la jefatura del Segundo Cuerpo de Ejército el ex presidente de facto Leopoldo Galtieri, y en jurisdicción del disuelto Primer Cuerpo de Ejército.
Cavallo subroga el juzgado federal que ocupó el ex juez Gustavo Literas, que tramitaba la causa por la cual Garzón había pedido la extradición de 48 militares acusados por los mismos delitos, entre ellos Galtieri, el ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y el ex jefe de la policía bonaerense, general Juan Bautista Sasiaiñ.
En torno a esta causa, y cuando era ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, el gobierno de Fernando de la Rúa reivindicó el principio de "territorialidad" para juzgar los delitos por los que están acusado los militares, quienes precisamente gozan del beneficio de las leyes que Cavallo considera inconstitucionales.
Por su parte, España plantea la "extraterritorialidad" para juzgar delitos de los cuales fueron víctimas ciudadanos españoles, tanto en este caso así como también respecto de lo sucedido en Chile, por ejemplo. Fue una orden de captura internacional de Garzón la que obligó al Reino Unido a mantener detenido al ex dictador Augusto Pinochet.
Cavallo hizo saber que no bien regrese a Buenos Aires se abocará a analizar los nuevos pedidos contenidos en voluminosos exhortos librados por Garzón, con quién se reunió en las últimas horas en el despacho de este último en Madrid.