Según las estadísticas que difundió la OA en su informe, de las 33 causas judiciales en las que la Dirección de Investigaciones que encabeza Manuel Garrido participa como querellante, 33 personas resultaron procesadas y otras 26 fueron citadas a brindar declaración indagatoria.
Entre los funcionarios investigados figuran Víctor Alderete, María Julia Alsogaray, Carlos Ruckauf y Basilio Pertiné, cuñado del presidente Fernando de la Rúa, caso este último que produjo el mayor cimbronazo en el organismo aunque, según aseguró Massoni, “no afecto de ninguna manera su autonomía”.
En el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando se conoció la noticia de que era investigado por la Oficina, instantáneamente se difundió un comunicado del Minsiterio de Justicia –de quien depende en la línea jerárquica el organismo- en el que su titular y hermano del presidente, Jorge de la Rúa, aseguraba que tal pesquisa no existía. Sin embargo, Garrido confirmó hoy que avanza el seguimiento de la investigación por el desvío de 150 millones de pesos de un crédito destinado a la construcción de 50 estaciones de gas y que habría terminado siendo utilizado para el pago de sobornos. La información está inclusive disponible en el informe público.
Una de las vedettes del informe son sin dudas las declaraciones juradas públicas que ordenaron en la Dirección de Políticas de Transparencia que encabeza Roberto de Michele, quien explicó que al crearse la oficina habían heredado “un sistema carísimo e ineficaz”. Parte del trabajo consistió en su digitalización, para dejar de lado la utilización del papel, soporte más caro y que hacía más complicado el entrecruzamiento de datos para controlar a los funcionarios públicos.
Como resultado de la implementación de las nuevas declaraciones se logró que el porcentaje de cumplimiento pasara del 67 al 98 por ciento y que se descubriera que los funcionarios suelen tener más de una fuente de ingresos, y que en la mayoría de los casos no existen prohibiciones legales al respect, por lo que se encaran proyectos de reformas en las normas a partir de datos empíricos.
De Michele anunció además que próximamente se publicará un listado con los funcionarios cumplidores y con los nombres de quienes no enviaron su declaración a través de un formulario que deben completar por vía electrónica.
Uno de los temas que más preocupó a los periodistas convocados para conocer el informe fue la próxima renovación de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA) luego del fallecimiento de su ex titular Nestor Pinzón, y de la presentación de un proyecto en el Senado para trasladar la Dirección de Investigaciones a ese organismo.
Al respecto, Massoni explicó que “las funciones son absolutamente distintas; porque la OA se maneja con criterios de oportunidad e informalidad y no de legalidad procesal”, aunque sostuvo que “si la FNIA comienza a trabajar seriamente será una alegría poder colaborar recíprocamente”. Garrido, por su parte, defendió la “necesidad” de su Dirección de Investigaciones “aunque la Fiscalía mejore”.
Según Massoni, “el problema de la corrupción en Argentina es importante e impacta también en la crisis política porque perjudica la confianza de los ciudadanos en el sistema”, mientras que De Michele advirtió que el fenómeno responde a “la ineficencia y vulnerabilidad del sector público” y avanzó: “la dictadura es el prototipo de la ausencia de control, y en la democracia los avances se han dado espasmódicamente; contrariamente a lo que se suele creer, se necesita de un estado fuerte, aunque no se trata de una cuestión de tamaño”.
Para el Director de Transparencia, “el problema de la Argentina es que no todo el arco del estado colabora en la lucha contra la corrupción, porque con la participación de una sola de las partes no es suficiente”.
En cuanto a la efectividad de la tarea de la OA, para su titular es importante la llegada a la opinión pública, que cumple el rol de denunciante en numerosas oportunidades: “cuanto más conocida sea la oficina y má confianza tenga la gente, más efectiva será la tarea; pero el trabajo tiene que ser serio y no farandulezco; sería peligrosísimo –agregó Massoni- caer en la misma desconfianza que hay en el resto de los organismos públicos”.
Entre los puntos más trascendentes que figuran en el informe están las medidas orientadas a lograr políticas de austeridad en los distintos concursos públicos. Así, de acuerdo al escrito de la OA, se ahorraron 2 millones de pesos en la provisión de comidas en el Complejo Penitenciario de Ezeiza (el 60 por ciento menos de lo que se pagaba antes); 400 mil en las licitaciones para la distribución de chapas y documentación de automotores; y 793 mil en la licitación de la correspondencia en la órbita de la cartera de Justicia.
Por otra parte, y en forma paralela a los anuncios del Ministerio de Economía de que se incentivaría a los inspectores impositivos para mejorar la recaudación, la OA lleva adelante un trabajo conjunto con la Dirección General de Aduanas para brindarles herramientas para la detección de contrabando y subfacturación, la elaboración de indicadores de transparencia, la imposición de sistemas internos de premios y castigos y el mejoramiento de la gestión de compras u contrataciones del organismo.