B) ALERTA. La versión le llegó por la SIDE al presidente y a la Asociación de Bancos que respaldan a Roque Maccarone y la luz roja se instaló en los despachos más importantes del país por unas horas. El viernes podía ser el más negro de la historia financiera argentina si ese día se conocía el fallo de la Sala V de Contencioso Administrativo Federal con dos presidentes en ejercicio en el Banco Central, donde la situación reunía visos de tragicomicidad: en un piso Carlos Caride Fitte –el abogado de Pou que lo patrocina en esta cruzada- y en otro Horacio Liendo (h), el alter ego jurídico de Cavallo, instrumentado la estrategia tribunalicia para derrocarlo. Operadores y comedidos salieron en todas direcciones. El camarista Pablo Gallegos Fedriani escuchó un largo argumento de su amigo Enrique Marcer, el Procurador del Tesoro, mientras que Luis Otero –el tercer camarista- deshojaba la margarita para decidir entre la posición de Grecco, un peronista de mucho tiempo y Gallegos Fedriani. Si bien el gobierno no logró desactivar la bomba, lo cierto, es que el viernes no salió la temida resolución que obligó a los ministros de la Corte a estar a 24 horas de Buenos Aires por si se presentaba la necesidad de un acuerdo extraordinario. Por lo pronto se habría conseguido que la Cámara demore su pronunciamiento para darle tiempo al Gobierno que logre el Acuerdo del Senado para Maccarone por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales en manos del PJ.
C) DISTENDIDO. Será por esta situación –trueque de Pou por Menem- es que al ex presidente se lo vio más distendido durante el fin de semana en La Rioja o porque el camarista Martín Irurzun –pivote de este sacudón- se haya encargado de decir para que lo escuchen los menemistas, que esa Sala de la Cámara Federal no instruyó a Jorge Urso para que lo detenga a Menem, con lo cuál aisló aún más al juez de sus bases políticas de sustentación –Miguel Angel Toma parece borrado de cuanto lugar solía visitar- como tampoco a Carlos Stornelli. Al fiscal todos señalan como el operador de esta ofensiva, aunque extrañados porque hasta antes de fin de año, Stornelli sostenía que tanto Menem como Domingo Cavallo no aparecían imputados en el expediente: su blanco móvil como jefe de asociación ilícita era Martín Balza, el ex jefe del Ejército a quien Stornelli –y no sólo él sino muchos generales y mandos medios- se han propuesto destruir por la supuesta deslealtad con que Balza se manejó en la conducción de la fuerza, al extremo que actualmente esa fuerza le dejó de pagar los costosos honorarios de sus abogados: primero Liscinio Scelzi y luego Ricardo Gil Lavedra, quien también renunció.
D) SORDA. Puja parece haberse desatado en torno a la presunta sucesión en la Procuración General que –obviamente- Becerra se empeña en desmentir. Primero apareció el fiscal Pablo Lanusse –hombre del riñón de Norberto Quantín, a quien Becerra supo congraciar hasta que las presiones del bando opuesto liderado por Raul Pleé lo obligaron a equilibrar- quien denunció a su par Maximiliano Rusconi –muy bien visto en las cercanías de Carlos “Chacho” Alvarez, donde se cree que es una locura institucional tratar de meter preso a Menem por parte de Stornelli, lo que explica el silencio del ex vicepresidente en torno a esta crisis- porque por su afectación a la UFITCO (Unidad de Fiscales en la AFIP) cobra un sobresueldo y complicó al Procurador porque concedió ese plus salarial aunque –en realidad- el trabajo de Rusconi en esas tareas excede el tiempo que un fiscal le entrega a su función habitual. O sea: no es un ñoqui. Sin embargo, Stornelli – la casualidad hizo que se presentara la denuncia cuando se encontraba de turno- requirió contra Rusconi pero no contra Becerra –sus adversarios en Tribunales sostienen que es para no mostrar sus cartas- y habló mal de Pleé en una reunión de fiscales que le dieron su apoyo de cuerpo por las criticas, durísimas, que partieron del PJ. No son pocos los judiciales que se rasgan las vestiduras cuando los atacan desde la política, que está mal si se quiere ser un país serio y mantener la independencia de poderes, pero nada dicen cuando algunos de sus pares se prestan a operaciones políticas para agradar a determinados sectores políticos o porque con la denuncia altisonante saben que serán tapa de diarios y canales de televisión. Eso también es afectar el equilibrio de los poderes. Con Pleé, que desde hace tiempo mantiene un bajísimo perfil, se aclararon las cuentas, pero Stornelli sabe que es uno de los obstáculos –el otro es Quantín si logra asentarse Cavallo- para llegar a la Procuración después que se pinchara el intento para posicionar a Irurzun por la filtración periodística.
E) FUSEA. O Fundación Sanidad del Ejército Argentino pareciera volver a ser centro de otro escándalo judicial que, por ahora, mantiene con muy baja exposición el juez federal Gabriel Cavallo, también llamado a sosiego después de la agitada presencia que tuvo antes de fin de año y que lo había colocado en la mira de intereses muy poderosos y sobre todo, porque aún no está definido el cargo que aspira: ser camarista federal porteño. Claro que para tamaña aspiración deberá lidiar con otro ascendente hombre de la Justicia: el actual número 2 de la Oficina Anticorrupción, ex secretario de la Cámara Federal y también amigo de Luisa Riva Aramayo, además de yerno del ministro de Salud, Héctor Lombardo. Lo cierto es que el juez –el fiscal Eamon Mullen aún no requiirió porque duda de las argumentaciones del principal denunciante, Roberto Berghmans, quien reclama judicialmente comisiones impagas por cifras millonarias- deberá decidir si lo denunciado tiene visos de delito y si eso ocurre se estaría ante una estafa de más de 500 millones de pesos en contra de esa mutual militar, cuyo directorio había sido puesto en funciones por Balza. En la city porteña comenzó a seguirse el caso con atención y ya son varios los operadores que han conseguido copias del proceso judicial porque se estaría ante un hipotético caso de lavado con bonos del gobierno de Indonesia que habrían sido refrendados por el Banco Central. Toda una complicación para Maccarone y para el Estado porque podría ser demando por esa millonaria suma cuyo valor nominal llega a u$s 1.200 millones. Una friolera, al punto que Berghmans -un hombre que suele tener ciertos contactos con una agencia gubernamental extranjera- ya habría vendido sus derechos sobre el litigio a un banco norteamericano.