Por un lado, están quienes creen que su entrada en vigencia provocará un colapso en las fiscalías, entre ellos Nicolás Becerra, el Procurador General de la Nación, que solicitó a la Corte Suprema y al Congreso Nacional que suspendieran momentáneamente la implementación de la norma hasta tanto se cuente con los fondos necesarios para poner en marcha una estructura que requerirá de tecnología informática, un espacio físico y recursos humanos.
Por el otro, quienes sostienen que el sistema ya está al límite, y que peor no se puede estar, así que cualquier intento de salida será un avance. Y los números lo respaldan con altos índices de prescripción de las causas NN, con porcentajes que superan el 80 por ciento.
La primera idea de sacar las causas NN del circuito tradicional nació con el proyecto Maier de Código Procesal Penal de la Nación, que quedó en ese estado tras la aplicación del Código Levene, que hoy rige en el ámbito nacional. Consultado por Diariojudicial.com, el fiscal general de Política Criminal, Maximiliano Rusconi, que trabajó en la elaboración de ese conjunto de normas y que impulsó la idea junto al también fiscal Norberto Quantín, opinó que "en el peor de los casos se cambiaría el lugar de muerte por prescripción de las causas", al tiempo que se aliviaría a los juzgados de una carga importante de trabajo.
Becerra dispuso la creación de una comisión especial que se encargará de estudiar la aplicación de la ley en un plazo de sesenta días y que será integrada por Quantín, Ricardo Sáenz y Joaquín Gasset, todos fiscales de Cámara.
Precisamente Gasset, en disidencia con Rusconi, dijo a este medio que "no tiene sentido seguir en lo peor, estamos tratando de mejorar". Según el fiscal, "si la ley se pone en operatividad, la actuación de las fiscalías va a colapsar", y propuso que los jueces recepcionen las causas y que por aplicación del artículo 196 del Código de procedimientos en lo penal deleguen en los fiscales la dirección de la investigación de los delitos de acción pública. es decir, continuar con el status quo.
Desde una óptica absolutamente opuesta, Rusconi asegura que la posibilidad de un colapso "es falsa, porque estar peor que hoy es imposible" y que la idea es "súper útil y absolutamente necesaria" y que "el problema presupuestario se soluciona en sólo 15 minutos".
Quien además es titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando (Ufitco) propuso en su conversación con este medio que se solicite un espacio físico a la Ciudad de Buenos Aires, recursos económicos al Ministerio de Justicia, y que se negocie con la Corte el traslado de recursos humanos desde los juzgados de instrucción y criminales, que aliviarían su trabajo con la entrada en funciones del nuevo sistema.
"Si hay un ámbito que vincula a la Justicia con la inseguridad, ese ámbito es el de los NN", explica Rusconi, que ve en su máxima la implementación de las unidades fiscales para autores desconocidos junto a cada una de las fiscalías de distrito, al estilo de la de Saavedra que ha dado buenos resultados. "Implica avanzar hacia un sistema acusatorio. Un conjunto de NN facilita la detección de los autores, y hubo ejemplos en Saavedra, donde se localizaron autores con 4 o 5 casos NN".
Rusconi sí es escéptico respecto de la decisión de Becerra de crear la comisión especial integrada por Quantín, Sáenz y Gasset. "Son tres fiscales que no piensan lo mismo sobre este tema en particular", por lo que el consenso va a ser dificultoso.
La investigación localizada de los delitos con autor desconocido permite entrecruzar los hechos sucedidos en circunstancias similares y con técnicas delictivas similares, y así acercarse a una individualización del autor.
El entusiasmo de Rusconi contrasta con el pesimismo de Gasset, que de todas formas coincide con el titular de la Ufitco en que la reforma será de una trascendencia gigantesca y que "instalará un proceso acusatorio puro, donde el magistrado pasa a ser un juez de garantías", pero insiste en que el resultado será el colapso.