En una resolución que lleva la firma del presidente del tribunal, Guillermo Tragant y los de las distintas salas que la conforman, se señala que "al haberse incrementado las medidas de prevención, se requiere a todos los magistrados, funcionarios y empleados judiciales que concurran a esta sede, la mayor colaboración, sometiéndose a los controles rutinarios establecidos".
En ese sentido, el tribunal advirtió que eludir esos controles "invocando investiduras o jerarquías sólo conspirará contra el fin buscado, cual es la seguridad general".
En otro punto de la resolución, y en relación a los anuncios de bombas o explosivos "y con el propósito de evitar la potenciación del fin intimidatorio que persiguen" se requirió "a los jueces federales que deban intervenir en las causas judiciales que pudieran generarse, atento a la Superintendencia que compete a este Tribunal sobre el inmueble, ponerse de inmediato en comunicación con su presidencia".
Esa medida tendrá como "fin obtener la cooperación necesaria para implementar las medidas que mejor consulten el resguardo de personas y bienes".
La resolución 325 fue suscripta también por los camaristas Amelia Berraz de Vidal, Gustavo Mitchell, Raúl Madueño, Alfredo Bisordi y el secretario General, Norberto Circo.
La semana pasada el edificio debió ser desalojado luego de recibirse una amenaza de bomba, una mas de las decenas que se recibieron en distintas oficinas públicas tras los atentados en los Estados Unidos.
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