De esta forma los ministros de la Corte deberán resolver mañana sobre el planteo del ex funcionario correntino quien se encuentra procesado y detenido en la delegación Corrientes de la Gendarmería Nacional, imputado por los presuntos delitos de malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El Máximo Tribunal ya se había pronunciado sobre la excarcelación de Romero Feris, la que le fue denegada. Es por ello que en el cuarto piso del Palacio de Justicia había cierta incertidumbre en cuanto a la posición que tomarán los ministros mañana a la hora de emitir sus votos, aunque algunas versiones indicaban que la mayoría se pronunciará a favor del reclamo del ex gobernador, en función del Pacto de San José de Costa Rica, que desde 1994 tiene rango constitucional.
Los voceros consultados sustentaron esta posibilidad en un reciente dictamen favorable del Procurador General Nicolás Becerra.
Este caso sería excluyente al de Carlos Menem, quien también tiene pretensiones de candidatearse a senador por la provincia de La Rioja, en razón de que el ex presidente ya fue habilitado por justicia riojana a través de un fallo que no fue apelado por la fiscalía y por lo tanto se encuentra firme.
También la Corte podría pronunciarse acerca de un pedido del CELS que planteó la inconstitucionalidad del artículo 3 del Código Procesal Electoral, para que los detenidos procesados y no condenados en el sistema penitenciario nacional tengan derecho a votar en cumplimiento a los que establecer la Convención Americana de Derechos Humanos.
Según confiaron fuentes judiciales cercanas al cuarto piso del Palacio de Justicia la posición de la mayoría de los ministros apuntaría al cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 23 se refiere a los “derechos políticos” y en ese sentido sostiene que todos los ciudadanos tienen derecho a votar, elegir y ser elegidos, a la vez que en el inciso segundo se excluye solamente a aquellas personas que tienen condena.
Los planteos del CELS tienen un dictamen a favor del Procurador General de la Nación Nicolás Becerra quien se pronunció en forma favorable de los presos. De esta forma Becerra entendió que el Código Electoral que impide el voto de los presos, debería ser declarado inconstitucional.
El reclamo de los presos había sido rechazado en su momento por la juez federal con competencia electoral Marìa Servini de Cubría, pero con posterioridad la Cámara Nacional Electoral, integrada por Rodolfo Munne y el camarista federal Eduardo Luraschi revocó esa medida y declaró la inconstitucionalidad del articulo 33 del Código Nacional Electoral, que prohíbe a los detenidos integrar el padrón, votar y ser elegidos, también en cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.
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