Según lo advirtieron varias fuentes a Diariojudicial.com, el escrito está en período de redacción y se trataría de una acción declarativa que tacharía de inconstitucional el cambio y pediría que se respete la ley Cafiero, que reglamentó el nuevo artículo 129 constitucional, en cuanto establece que “una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación”.
Las disidencias en el gremio de los jueces aparecen en relación con la oportunidad para interponer la acción ante la justicia. Justamente un grupo de ellos piensa que conviene mantener un perfil más bajo al menos hasta después de las elecciones legislativas del próximo 14 de octubre.
El principal escollo formal con el que se encontró el traspaso fue la denominada ley Cafiero, que en sus artículos 7 y 8 impide el traslado de la Policía y de la Justicia, pero la oposición más firme al convenio que firmaron a fin de año el presidente Fernando de la Rúa y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, vino desde la Asociación de Magistrados y desde la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) que encabeza Julio Piumato.
Según aseguró una de las fuentes consultadas a este medio, la acción ante la Justicia sería firmada por los presidentes de las Cámaras de Apelaciones del Trabajo, en lo Criminal y Correccional, Comercial y Civil.
La situación se hacía previsible, ya que desde hace varios meses que la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación viene pronunciándose en contra del traspaso a través de distintos medios.
Otro de los factores problemáticos a la hora de la concreción del proyecto y que ha generado rispideces entre el Gobierno de Aníbal Ibarra y el nacional es el de quién se hará cargo del presupuesto una vez que el traslado se haga efectivo. Los porteños remarcan el texto constitucional que dice que las instituciones que cambian de jurisdicción lo hacen con sus partidas dinerarias.
También han jugado un papel trascendente en el debate las provincias, quienes se oponen al argumentar que ellas no tienen porqué pagar a los porteños su Justicia y eventualmente su Policía, a lo que desde la Ciudad de Buenos Aires, tanto desde el Gobierno como desde la Legislatura contestan a coro que los porteños ya se están pagando más de una Justicia a través de alto porcentaje que aportan a la coparticipación federal, mucho mayor a lo que se recibe.
Por otro lado, uno de los principales impulsores e interesados en el cambio de manos de la Justicia es el ministro de Economía, Domingo Cavallo, en cuya cartera se está elaborando un proyecto para realizar el traspaso: en un primer momento con el presupuesto incluido, pero reduciéndolo en forma paulatina a medida que vayan pasando los años.
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Reportaje a Alberto Lugones, consejero de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional25/9/2001