Celaya, que encabeza una Unidad Fiscal de Investigación -órgano instructor en la provincia desde la reforma promovida por el ex ministro León Arslanian-, aclaró de todas formas que esa hipótesis la hace en función "de los pocos elementos probatorios" recolectados hasta ahora.
Por otra parte, entre sus principales convicciones en las pocas horas que lleva la pesquisa también fue descartado un potencial "acto de venganza en contra del juez", según lo advirtieron fuentes del Ministerio Público provincial a Diariojudicial.com.
Uno de los indicios valorados por el fiscal fue la poca prolijidad con la que se realizó el ataque al juez Bonadío. "Si hubiera sido un ajuste de cuentas hubieran actuado con más profesionalismo", consideró.
Trascendió que Celaya tomaría en las próximas horas declaración a Miguel Ángel Patrani, el amigo que acompañaba a Bonadío y que resultó herido en el enfrentamiento. Patrani está internado en la sala de terapia intensiva del Hospital de Vicente López a raíz de un balazo que recibió en el hígado.
Por otro lado, en el lugar de los hechos se encontraran seis vainas del arma "Glock" calibre 40 milímetros que portaba el juez, y una de 9 milímetros, perteneciente a la pistola secuestrada a uno de los delincuentes abatidos que, según la pericia judicial, se habría trabado luego de ese disparo.
Allegados al juez federal aseguraron que Bonadío tenía autorización para portar el arma que llevaba consigo, en tanto que de la comprobación de los registros policiales surge que una de las víctimas del accionar del magistrado "estuvo detenido 29 días en la comisaría primera de San Martín por el delito de encubrimiento", según se informó extraoficialmente.
La legítima defensa es una de las causales de antijuridicidad, por lo que de corroborarse justificaría la conducta de Bonadío y excluiría el injusto penal, aunque su comprobación es aún materia de prueba.