Bonadio procesó a Massera como jefe de una asociación ilícita (art.210 del Código Penal) y trabó embargo sobre sus bienes por un millón de pesos. El ex militar ya se encontraba cumpliendo arresto preventivo a disposición de otros dos magistrados federales, en causas por el robo de criaturas durante el régimen que encabezó a partir de 1976 junto con los comandantes de las otras dos fuerzas armadas.
Los procesamientos fueron dispuestos en la causa en la que los imputados aparecen involucrados en el secuestro y la apropiación de bienes del empresario Victorio Cerutti, el abogado Conrado Gómez y el contador Horacio Palma.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que el juez Bonadio consideró de "nulidad insalvable", fueron promulgadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y eximieron de juicio por violaciones a los derechos humanos a 1180 militares, policías e integrantes de otras fuerzas de seguridad que participaron de la represión ilegal en los años ´70.
De ese modo, Bonadío se constituyó en el segundo juez federal que decreta la inconstitucionalidad de ambas normas, ya que con anterioridad lo hizo su par Gabriel Cavallo, en el caso Poblete.
En su resolución, el magistrado también dictó el procesamiento y la prisión preventiva del ex capitán de la armada Juan Carlos Rolón a quien consideró incurso en los delitos de privación ilegal de la libertad, con violencia y amenazas en cinco hechos, extorsión y miembro de una asociación ilícita, a la vez que trabó embargo por cincuenta mil pesos.
También imputó los mismos delitos al ex marino Jorge Radice, por seis hechos probados, a quien le sumó el de falsedad ideológica, con un embargo de 500 mil pesos.
El ex jefe de Inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada, Jorge "El Tigre Acosta", fue considerado como el organizador de dicha asociación ilícita y su participación fue comprobada en seis hechos analizados en la causa, y se le fijó un embargo de 500 mil pesos.
Por su parte, el ex oficial Francis Whamond también fue procesado por extorsión a los empresarios secuestrados y posteriormente desaparecidos, con un embargo de 250 mil pesos, mientras que Jorge Perrén fue procesado por los mismos delitos que Rolón en cinco hechos, con un embargo de 50 mil pesos.
El séptimo de los procesados, y único civil, es Aldo Maber, un cuidador de caballos de pura sangre, considerado incurso en el delito de extorsión como partícipe necesario, a quien se le dictó la falta de mérito como miembro de una asociación ilícita.
Si bien no se difundieron los fundamentos de la medida, trascendió que el magistrado se basó en el fallo de la Corte Suprema referido a la extradición de criminal de guerra nazi Erich Priebke, y la resolución de su colega Gabriel Cavallo, que se encuentra a estudio de la Sala Segunda de la Cámara Federal.
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Masserando 7/9/2001