La situación de crisis hizo reconocer a Becerra, cuyo organismo no tenía hasta el momento una situación deficitaria, que no están garantizadas las partidas para realizar los pagos a fin de mes, circunstancia que generó que los trabajadores agremiados en la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) se pusieran en “estado de alerta”.
Ante lo que el Procurador General entendió como un avance sobre la autonomía y la autarquía que la Constitución Nacional reformada en 1994 reconoció al Ministerio Público en su artículo 120, Becerra dejó trascender que si el Ministerio que encabeza Domingo Cavallo no pone a disposición los sueldos para pagar los salarios, está dispuesto a presentar un amparo ante la Justicia al verse vulnerada, justamente, la Carta Magna, y la condición de “extra poder” que se supone que tiene el Ministerio Público.
Según confirmó hoy a este medio el líder gremial de los judiciales, Julio Piumato, los trabajadores realizaron hoy asambleas en todos los edificios de la Procuración y está previsto que el jueves se realice una reunión plenaria con las comisiones internas de todo el gremio.
De todas formas, Piumato se mostró confiado porque Becerra le habría asegurado en un encuentro realizado el pasado viernes que intentará mantener los sueldos sin recortes y que para eso “pagará a cuenta”.
Otro antecedente de recortes en la Procuración se dio cuando el Poder Legislativo sancionó la ley que delegó en los fiscales la instrucción de las causas de autor desconocido sin otorgarle el presupuesto que el incremento en la labor requería. En aquella oportunidad, la decisión del mendocino que encabeza el Ministerio Público Fiscal fue la de suspender el pago de libros de doctrina y jurisprudencia.